Derechos HumanosDestacadas

Corrientes: “La venta del ex Regimiento 9 es un retroceso para la democracia”

El 3 de agosto, se realizará el I Encuentro Provincial de Derechos Humanos. Allí, se evaluará cómo hacer frente al decreto de Macri sobre la venta de un centro de secuestro y tortura en la última dictadura.

El presidente, Mauricio Macri, publicó un decreto que trata sobre la venta del ex Regimiento de Infantería N° 9 (RI9) de Corrientes para la construcción de un complejo urbanístico en la costanera. La creación de este edificio se enmarca sobre el ya conocido Plan Costero de la capital correntina.

En el decreto N° 345/2019, Mauricio Macri autorizó a “disponer y enajenar” el terreno completo con el objetivo de impulsar el Plan Urbano Costero, un proyecto urbanístico habilitado mediante un acuerdo entre el Plan Belgrano -órbita nacional-, el Gobierno provincial de Corrientes y el municipal que, según plantea el texto, logrará la “recuperación social, ambiental y urbanística de la costanera correntina”.

Hace unos meses, cuando se conoció dicho decreto, ciertos analistas aseguraron que se ese predio está valuado en más de 30 millones de dólares. Se trata de un espacio codiciado por su ubicación -plena costanera de Corrientes- que el Gobierno nacional, el provincial y la Municipalidad quieren vender para llevar adelante un “proyecto urbanístico”.

En respuesta, los organismos de derechos humanos de Corrientes, familiares, querellantes y víctimas de delitos de lesa humanidad denunciaron al Ejecutivo nacional por habilitar la venta de un edificio que funcionó como uno de los centros clandestinos de detención emplazados en esa provincia durante la última dictadura cívico militar, reconocido como sitio de memoria y protegido como medida de prueba por una cautelar judicial.

Ante la ignorancia de la denuncia por parte del Estado, familiares de desaparecidos hicieron público el caso. El tema tuvo repercusión tanto en medios locales como nacionales. Con base en ello, el tema será tratado en el I Encuentro Provincial de Derechos Humanos de la Provincia el sábado 3 de agosto en los mismos cuarteles donde se torturaba gente en los años 70.

“Consideramos que es ilegal”, apuntó el presidente de la asociación civil «Espacio de Memoria Regimiento de Infantería N° 9”, Daniel Cian, que busca hace varios años proteger las instalaciones dentro de ese predio que perteneció al Ejército nacional. La decisión de Macri “representa un grave retroceso para el fortalecimiento de nuestra democracia”, alertaron desde el colectivo.

En el decreto, Macri asegura que tanto el ex RI9 como el resto de los predios a los que “les puso un cartel de remate”, resumió Cian, “no se encuentran comprendidos en proyectos u obras a desarrollarse en el ámbito de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, como tampoco resultan adecuados para cubrir alguna necesidad actual de la administración pública nacional”.

 

NO HAY MEMORIA

La norma omite un detalle fundamental: el ex RI9, un terreno de unas 11 hectáreas localizado en una de las esquinas más codiciadas de la costanera de la ciudad de Corrientes, fue reconocido hace años como centro clandestino de detención. Sobrevivientes identificaron que allí estuvieron encerrados y fueron torturados un centenar de secuestrados y secuestradas durante la última dictadura cívico militar.

El lugar integra la Red Federal de Sitios de Memoria (Refisim) y en 2014 fue formalmente señalizado. En las investigaciones judiciales sobre las violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar en la provincia durante el terrorismo de Estado, el RI9 resalta como un lugar preponderante en el plan sistemático de tortura y exterminio desplegado entonces.

En 2004, con la intención de preservarlo como prueba, la Justicia Federal protegió al predio de toda modificación a través de una medida cautelar que aún sigue vigente. En 2008, culminó el primer juicio por delitos de lesa humanidad que lo tuvo como escenario principal y hay otro en gateras que espera hace rato su elevación.

En 2017, la asociación civil conformada por organismos de derechos humanos, familiares de víctimas y sobrevivientes solicitaron, ante la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Defensa, que les permitiera desplegar allí un proyecto de recuperación del espacio “para el desarrollo de actividades con eje en la transmisión de la memoria y la promoción de derechos humanos”, apuntaron desde el colectivo. No obtuvieron respuestas formales a este pedido.

El último reclamo fue destinado al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj. “Los espacios de memoria son lugares públicos que hoy están destinados de manera permanente a la trasmisión de la memoria, la educación y la promoción y defensa de los derechos humanos, así como ámbitos abiertos a la comunidad que proponen actividades culturales, cursos y talleres, muestras, charlas, jornadas de debate, proyecciones, encuentros y alternativas que ayuden a reflexionar sobre nuestro pasado, a conocer nuestros derechos y a construir una sociedad más justa e inclusiva”, plantearon en una carta formal que remitieron el 14 de mayo. Tampoco tuvieron respuesta.

Recién en junio, se realizaron trabajos de limpieza en el lugar, el control de plagas que afectan a la estructura de madera del edificio, la extracción de un árbol que amenazaba el mismo y el apuntalamiento de parte de la cabreada que sostiene el techo del recinto. La actividad fue llevaba a cabo por la Municipalidad de Corrientes, el Ministerio de Producción de la Provincia de Corrientes y contó con la supervisión de la Dirección Nacional de Sitios de la Memoria.

No obstante, se espera que para el 3 de agosto se origine un nuevo plan de lucha que suspenda cualquier tipo de venta, demolición o reconstrucción en un espacio que forma parte de la memoria de muchos ciudadanos correntinos.

 

Fuente: Página 12/Propia

Cooperativa La Prensa

Cooperativa de Trabajo y Consumo Ltda La Prensa

Publicaciones relacionadas

Cerrar