Desde organizaciones ambientales y de derechos humanos, reclaman la suspensión del juicio a los “agrotóxicos” que tenía estipulado empezar el debate el próximo 18, pero desde la justicia sostienen “suspendieron la sesión de manera indefinida, debido a la nutrida agenda del Tribunal” señalando que hay audiencias “consideradas prioritarias”, tal cual lo expresaron en una notificación judicial.
Desde Guardianes del Ybera expresaron que “para la justicia correntina la muerte de José Carlos Rivero (Kili) a causa del agronegocio no representa un hecho prioritario. La postergación por tiempo indefinido parece tener como objetivos dilatar aún más el proceso, beneficiar al imputado y garantizar su impunidad. El Estado, responsable de controlar a las empresas e impartir justicia, hace caso omiso a un pedido que viene exigiendo respuestas desde hace más de 10 años”.
La organización socioambiental, comento que “Kili” y su familia vivían en Puerto Viejo, Lavalle, al lado de la tomatera del expresidente de la Asociación Hortícola del pueblo, Oscar Antonio Candussi, quien se encuentra presuntamente imputado por “homicidio culposo” y fue señalado como “responsable debido a los químicos utilizados en sus cultivos”.
La causa de la muerte del menor, fue determinada como “intoxicación con un organofosforado, utilizado como insecticida, altamente tóxico”.
Kili tenía 4 años cuando después de haber pasado por los hospitales de Lavalle, Santa Lucía, Goya y la Capital Correntina, falleció en el hospital Garraham de Buenos Aires. Un año antes Nicolás Arévalo, en la misma localidad, habría sufrido el mismo deceso.
En un comunicado, expresan: “Exigimos que la justicia correntina establezca una nueva fecha para la audiencia suspendida, ya que de otra manera el juicio quedará en pausa por tiempo indefinido”.
Y agregaron: “Denunciamos a este modelo de producción asesino, que escudado en el agronegocio beneficia a unos pocos, que son cómplices y responsables de llenar con venenos nuestros territorios, nuestros alimentos y nuestra vida campesina”.
Para finalizar, remarcaron que “redoblamos el compromiso con la lucha, tenemos para dar todos los años que les quitaron a Kili, Nico, Rocío y a todas las infancias campesinas que padecieron y aún padecen el uso criminal de estos venenos”.
LA EXPOSICIÓN A LOS AGROTÓXICOS MATA
Durante el 30 de marzo de 2011, en el Paraje Puerto Viejo en corrientes, una zona productiva de tomates, Nicolás y su prima, ambos niños de la zona se encontraban jugando cuando pisaron una zanja usada como desagüe de la chacra del empresario Ricardo Prieto.
En ese mismo días durante la mañana, el tomatero habría estado fumigando sus cultivos a “cortinas levantadas”, propagando el efecto tóxico.
El niño luego del hecho, comenzó a sentir un fuerte malestar con vómitos por lo que fue llevado al Hospital de Santa Lucía y sucesivamente al de Goya y por último al Hospital Escuela de Corrientes, donde murió el 4 de abril. La autopsia confirmó la presencia de endosulfán en sangre e hígado, un insecticida extremadamente peligroso y que está prohibido en la Argentina desde 2013.
Debieron pasar nueve años para que la justicia reconozca la responsabilidad criminal del productor hortícola en la muerte de Nicolás Arévalo, pero el acusado evitó la cárcel bajo la condición de realizar un curso sobre manejo de fumigaciones.
El caso represento un hito, ya que es considerado el primer fallo condenatorio a un productor de la región por las pulverizaciones y su relación con la muerte de un niño, aun así hoy en día se siguen postergando y esperando medidas urgentes para el sector frutihortícola de la región que sigue igual.
