Texto: Marcelo Nieto/ Dibujos: Gonzalo Torres
Desde una mirada crítica podría fundamentarse en que el proyecto de disciplinamiento y sometimiento del estado nacional respecto a la población indígena en el Gran Chaco se desarrolló a través de las reducciones civiles, un sistema concentracionario de personas, llegando en algunos momentos a estar reducidas más de cinco mil personas.
Las reducciones civiles de indígenas buscaban reunir a los pueblos dispersos para “civilizarlos”, es decir, integrarlos al sistema del blanco. Para el año 1915 ya habitan en Napalpí unos 1.300 aborígenes. Por entonces señalaba el presidente de la Nación Victorino de La Plaza, “…trabajan y van siendo civilizados, con resultados financieros halagadores, y puesto que ésta se autofinancia, probablemente se funde una reducción similar en dicho año”.
Si la escuela, el ejercicio en un oficio, eran válidos modos para una integración a “la civilización”, lo cierto es que al indígena lo alejó traumáticamente de su cosmogonía, de su forma de vida convirtiéndolo, simplemente y para fines del capitalismo agrario del siglo XX en una mano de obra barata para los obrajes, cultivos de algodón e ingenios.
La matanza indígena en Napalpí no tiene parangón (solo comparable con la masacre Rincón Bomba (en 1947, en lo que fuera el territorio nacional de Formosa) pero se encuadra perfectamente en la línea de crueldad y exterminio que tuvo el estado nacional hacia los verdaderos dueños de la tierra.
PROLEGÓMENOS
La sedentarización forzosa y la explotación que ésta permitía, sumada a las desiguales condiciones de trabajo a las que los indígenas eran sometidos con impuestos a la producción en la Reducción así como una restricción cada vez mayor de los espacios de caza y recolección provocaron un creciente malestar.
El puntapié de la tragedia fue un decreto del gobernador del Territorio Nacional del Chaco y Formosa, Fernando Centeno debido a la presión de los productores de algodón: se prohibía la salida de los integrantes de la reserva, concretamente, la prohibición de trasladarse a la zafra del ramal salto-jujeño como mano de obra.
En esa coyuntura además, se produce un movimiento mesiánico a través de caciques/chamanes que dieron fuerza a esta gran comunidad domeñada y explotada para rebelarse.
LOS HECHOS
Cerca de mil indígenas de varias naciones se fueron concentrando en la colonia Napalpí. Las voces de los chamanes Gómez, Machado, Maidana, Durán y otros, se alzaban con tintes proféticos llamando a sus pueblos a unirse.
Había mucha injusticia: por el algodón recolectado pagaban con comida, el maltrato y desprecio era la ley del blanco y para colmo, los colonos les prohibieron salir del Chaco por temor a que la mano de obra emigre a los ingenios de azúcar de Salta. Se amontonaron para reclamar a los patrones porque el pago del extenuante trabajo se iba en la olla comunal.
Gómez era un mensajero, que se comunicaba con los espíritus de los muertos, frente a su choza arengaba proféticamente. Proponía liberarse del yugo del blanco y tomar sus bienes. Persuadía a morir en batalla para revivir como espíritu de héroe. Se cantaba y danzaba invocando el poder de los espíritus en multiplicadas ceremonias.
El temor del blanco tuvo la excusa perfecta al sumarse la muerte de algunos colonos y el robo de ganado. Llegó la policía enviada por el Gobernador del Territorio, Fernando Enrique Centeno con la orden de proceder con rigor.
Lo que cuentan las voces sobrevivientes, el imaginario, la narración oral que se trasmitió de generación en generación casi en secreto y cautamente fue que en la mañana del 19 de julio de 1924, muy temprano en la reducción de Napalpí los habitantes se despabilaban después de la fiesta de la noche anterior (los administradores habían partido de la reducción). Todo era silencio tenso que se rompió con el sonido de un motor de avión del Aero Club Chaco sobrevolando la toldería. Primero tiró golosinas y masitas para arracimar a la gente. Después fueron las ráfagas de fuego como una lluvia de metal que no cesó de matar. Por tierra, unos 80 hombres armados y a caballo se desbordaban dando muerte. Los que iban de a pie, degollaban. Iban cayendo los niños y las mujeres, iban cayendo las ancianas que morían cantando y danzando, seguras de que con ese sortilegio serían inmunes a las balas. Durante 45 minutos la policía descargó más de 5 mil balas de fusil.
Pararon recién cuando nadie quedó en pie y al mal herido le llegó el tiro de gracia o el degüelle. A muchos les rebanaron el cuero cabelludo, a los líderes muertos les caparon, le cortaron las orejas, la nariz, que fueron exhibidas en la comisaría de Quitilipi.
Los enterraron en unos pozos de agua, a otros quemaron medio vivos. Sobrevolaba el avión exterminando sobrevivientes. La saña no cesó en los días siguientes persiguiéndolos por el monte. Se estima en más de doscientos masacrados.
Pedro Solans expone que el total de víctimas fue de 423, entre indígenas y cosecheros de Corrientes, Santiago del Estero y Formosa. El 90% de los fusilados y empalados eran de las etnias mocoví y qom. Algunos cadáveres fueron enterrados en fosas comunes, otros incinerados. Se estima que lograron escapar 38 niños. La mitad fueron entregados como sirvientes en Quitilipi y Machagai, mientras el resto murió en el camino.
En el libro Memorias del Gran Chaco, Mercedes Silva señala que Pedro Maidana, el cacique Mocoví líder de la protesta, fue muerto de forma salvaje: “Le extirparon los testículos y un oreja para exhibirlos como trofeo de batalla”.
DEL SILENCIO A LA REPARACIÓN
En la Cámara de Diputados de la Nación esta masacre fue denunciada en cuatro sesiones en septiembre de 1924. Hubo un informe del propio Lynch Arribálzaga, promotor de la creación de la Reducción de Napalpí y su primer director, denunciando que la represión duró varios días y pidiendo una comisión especial que investigue el tema.
En Chaco se abrió ese mismo año un expediente policial caratulado “Sublevación indígena en la Reducción de Napalpí” que, naturalmente, tampoco avanzó.
Los vientos del presente trajeron la memoria de la masacre de Napalpí, que la historia oficial sepultó.
No hay que omitir que en 1993 el diputado nacional chaqueño Claudio Mendoza presentó un proyecto de ley para instituir el 19 de julio como Día de los Derechos de la Poblaciones Aborígenes Argentinas en todo el territorio nacional, como homenaje “a los mártires de aquella oprobiosa jornada”.
Un momento bisagra de este cambio de paradigma fue en 2008 cuando el mandatario provincial Jorge Capitanich, en la plaza de Machagai, en nombre del estado provincial pidió perdón por la masacre y el exterminio de los pueblos indígenas.
La causa ha sido retomada en busca de transitar un “juicio por la verdad” mediante la aplicación de las normas de imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Cabe destacar en este hecho de justicia reparadora, la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense realizando exhumaciones en Colonia Aborigen.
