Días atrás, desde las defensas de varios de los genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad en los procesos judiciales realizados en la provincia se impulsaron una serie de reclamos para lograr el cumplimiento de prisión en sus respectivos domicilios con el fundamento de que la emergencia sanitaria por el COVID-19 implica un grave menoscabo a la salud en los establecimientos carcelarios.
Por ello desde la Secretaría de DD. HH. y Géneros de la provincia presentó un escrito ante la Justicia Federal en el cual se contesta esta iniciativa y se ofrecen una serie de argumentos por los cuales se pide el rechazo absoluto de la solicitud.
En el escrito en cuestión, presentado por Silvana Pérez, en carácter de Secretaria de Derechos Humanos y Géneros y; Nayla Bosch subsecretaria de Derechos Humanos, con el patrocinio jurídico de los abogados Sergio Paulo Pereyra y Duilio Ramírez se pide a las autoridades judiciales del Tribunal Oral Fiscal (TOF) “el rechazo de plano los pedidos de prisión domiciliaria o cualquiera que implique una morigeración de privación de libertad. Ya que, no tienen asidero y mucho menos, correlación con las medidas de prevención/mitigación que el Estado y, fundamentalmente la Autoridad Sanitaria, están tomando en razón de esta pandemia”.
Por otra parte destacan la la “insistente recomendación por parte del Gobierno nacional hacia toda la población, para que mantenga con conciencia el aislamiento social en sus domicilios, resulta preocupante que la Defensa Oficial vaya en sentido contrario. La excarcelación habilitaría la libertad ambulatoria y es precisamente lo que en este estado de emergencia se pretende restringir. No se encuentra ninguna razón que justifique sumar otra situación de riesgo a las ya existentes habilitando esa circulación de personas cuya eventual cuarentena sería más funcional y controlable en el encierro que ya cursa”.
RECHAZO ABSOLUTO
En el marco de la presentación judicial, elDIARIO de La Región dialogó con la subsecretaria de DD. HH., Nayla Bosch, quién afirmó: “Pretender la excarcelación y prisión domiciliaria nos parece una medida apresurada y que tiene una mirada que debe ser contextualizada, teniendo en cuenta las responsabilidades de nuestro país en relación con los delitos de Lesa Humanidad y a sus responsables. Nos parece que como solicitó el presidente de la Nación, del mismo modo que el gobernador, toda la sociedad debe mantener el compromiso y ser responsables en el cuidado ante la pandemia del COVID-19”. Asimismo, destacó: “Creemos que las mismas condiciones acordadas para la generalidad de la población privada de su libertad carcelaria en cuanto a resguardos sanitarios y restricción de visitas, debe ser contemplada en los casos vinculados a delitos por crímenes de lesa humanidad. No puede haber un trato preferencial. El Servicio Penitenciario está en condiciones de lidiar con el cuidado de y la atención médica en caso necesario, de modo inmediato y con mayor celeridad que en una situación de detención domiciliaria. Por ello desde la Subsecretaría de DD. HH. apelamos al compromiso de chaqueños y chaqueñas en general y del Poder Judicial para reafirmar los compromisos constitucionales y tratados internacionales en materia de juzgamiento y condena a este tipo de delitos”.
SIN PRIVILEGIO A GENOCIDAS
Quien también se manifestó al respecto fue Armando Benítez, exdetenido político e integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, de la Comisión Por la Memoria (CPM) Chaco. Al respecto, dijo: “No puede haber impunidad, lamentablemente esto continua, estos genocidas han sido juzgados y condenados, pero no se arrepienten, ni han dicho lo que saben, por eso seguimos buscando nietos y nietas, y aún el destino final de nuestro compañeros y compañeras víctimas de desaparición forzada durante la última dictadura cívico militar”.
Además, agregó: “Por otro lado, el régimen carcelario al que están sometidos es absolutamente benigno al lado de lo que sufre un preso social, denominado vulgarmente presos comunes. Hay situaciones mucho más graves, como por ejemplo el caso de Luis Delía. Los genocidas están bien atendidos, no se puede comparar los casos de presos por contravenciones o todavía sin condena con represores condenados por torturas, violación, homicidios, etcétera. Y otra razón poderosa para negar la domiciliaria es que pueden ejercer presión sobre víctimas y testigos en los juicios en etapa de instrucción. Nosotros sufrimos las consecuencias de que esté con prisión domiciliaria un genocida como Gabino Manader, con varias condenas y varios hechos todavía por juzgar. Otro ejemplo en ese sentido es el de Julio López, todavía desaparecido y quien todo indica que lo fue mandado a secuestrar para beneficio del represor Etchecolatz”.
Por su parte, Santiago Osuna, referente de derechos humanos y miembro de H.I.J.O.S. Chaco, planteó: “A título personal pienso que se deben arbitrar los medios para garantizar la salud y cuidados de higiene a toda persona privada de su libertad. Pero el mecanismo de pretender que por ser mayores o tener alguna dolencia preexistente a esta emergencia es un subterfugio para lograr impunidad. Hablamos de condenados por crímenes aberrantes que deben cumplir su pena en prisión. Como siempre decimos, para un genocida no hay otro lugar que la cárcel común”.
