Finalmente, el nuevo intento de lograr morigerar el alcance de las condenas por las desapariciones forzadas, torturas y violación durante el terrorismo de Estado en Chaco impulsado por varios de los genocidas condenados que cumplen prisión en la Unidad Penitenciaria N° 7, esta vez bajo la excusa de lograr un aislamiento hogareño ante la posibilidad de contagio de coronavirus, no prosperó.
Así lo dispuso la jueza Federal de Resistencia Zunilda Niremperger, luego de tomar a consideración los argumentos que fueran planteados tanto por la Fiscalía Federal como por las Querellas de las Secretarías de Derechos Humanos (DD. HH.) de la provincia, que ayer formuló un nuevo pedido al respecto, y también de Nación.
Cabe remarcar que otros pedidos similares fueron planteados ante el Tribunal Oral de Resistencia por los condenados en las Causas de Lesa Humanidad en la jurisdicción y deben ser resueltos a la brevedad.
Quienes formularon esta solicitud fueron el teniente Jorge Simoni del Ejército Argentino (partícipe en la Masacre de Margarita Belén), los comisarios José Francisco Rodríguez Valiente y Carlos Domingo Mora y los agentes Ángel Jorge Ibarra y Juan De la Cruz López de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Chaco y el sub oficial Héctor Roldan de la Alcaidía Policial. Todos se encuentran a disposición del Juzgado Federal procesados en las causas de Lesa Humanidad “Caballero 3” y “Conscriptos”, condenados en juicios anteriores.
En su resolución a la que tuvo acceso este medio, la Jueza Niremperger sostuvo: “La adopción temprana de políticas sanitarias y criterios epidemiológicos que procuran la intensificación de los controles médicos de ingresos a la unidad, como así de seguimiento de internos comprendidos en el colectivo vulnerable, las restricciones de acceso de personas, la creación de un Comité de Crisis y la implementación del ‘Protocolo de detección, diagnóstico precoz, aislamiento preventivo y aislamiento sanitario por coronavirus COVID-19’, lucen en esta instancia como razonables en relación al actual contexto de emergencia sanitaria”.
Además, agregó: “Adicionalmente, la propia Unidad Nº 7 ha puesto énfasis respecto de las medidas que en el ámbito interno se han implementado, debiendo considerar asimismo que los internos se encuentran alojados en un pabellón ubicado fuera del bloque de pabellones que alojan al resto de la población carcelaria. En este sentido, cobra especial relevancia la circunstancia de que aún no hayan sido reportados casos de infectados de coronavirus dentro de la órbita del S.P.F. y, particularmente, en la Unidad Nº 7”.
Finalmente la Resolución resalto: “Más aun, teniendo presente que en caso de sospecha de coronavirus, se han reacondicionado y desinfectado las salas A y B del S.A.M. para el caso de ser necesario aislar a un paciente. Todos estos elementos, permiten afirmar razonablemente que las medidas adoptadas resultan conducentes a proteger el estado de salud de la población carcelaria y evitar la propagación del COVID-19 dentro del establecimiento”.
EL ENCIERRO, EN CÁRCEL COMÚN
Cabe remarcar que la semana pasada elDIARIO de la Región dialogó con referentes de DD. HH. quienes destacaron su rotundo rechazo a este tipo de solicitudes. La subsecretaria de DD. HH., Nayla Bosch, quién afirmó: “Pretender la excarcelación y prisión domiciliaria nos parece una medida apresurada y que tiene una mirada que debe ser contextualizada, teniendo en cuenta las responsabilidades de nuestro país en relación con los delitos de lesa humanidad y a sus responsables. Nos parece que como solicitó el presidente de la Nación, del mismo modo que el gobernador, toda la sociedad debe mantener el compromiso y ser responsables en el cuidado ante la pandemia del COVID-19”.
Quien también se manifestó al respecto fue Armando Benítez, exdetenido político e integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, de la Comisión Por la Memoria (CPM) Chaco. Al respecto, dijo: “No puede haber impunidad, lamentablemente esto continúa, estos genocidas han sido juzgados y condenados, pero no se arrepienten, ni han dicho lo que saben, por eso seguimos buscando nietos y nietas, y aún el destino final de nuestro compañeros y compañeras víctimas de desaparición forzada durante la última dictadura cívico militar”.
Por su parte, Santiago Osuna, referente de derechos humanos y miembro de H.I.J.O.S. Chaco, planteó: “A título personal pienso que se deben arbitrar los medios para garantizar la salud y cuidados de higiene a toda persona privada de su libertad. Pero el mecanismo de pretender que por ser mayores o tener alguna dolencia preexistente a esta emergencia es un subterfugio para lograr impunidad. Hablamos de condenados por crímenes aberrantes que deben cumplir su pena en prisión. Como siempre decimos, para un genocida no hay otro lugar que la cárcel común”.
