El trabajo se realizará en conjunto con autoridades de la Legislatura provincial, la Justicia y el Ejecutivo, tanto provincial como municipal, para atender el reclamo de 10.000 hectáreas por parte de las comunidades indígenas de Miraflores, donde habría 26 casos de usurpaciones.
Durante el encuentro, el Instituto de Colonización presentó el estado actual de esas tierras, por lo que se realizó un primer diagnóstico de la situación y se comprometió a buscar una alternativa de terreno en la zona para las familias. “La idea es generar alternativas, a partir del diagnósticos que ya se tiene, y analizar los planteos de cada ámbito particular”, explicó el vicegobernador, al tiempo que valoró la conformación de la mesa interpoderes y la voluntad de realizar un trabajo articulado.
Capitanich explicó que se trabajará con un esquema de acción institucional en el que sumarán los actores que faltan, para determinar rápidamente y resolver cada una de las situaciones planteadas. “El principal eje a tener en cuenta es la defensa de la propiedad privada”, señaló y resaltó que la legalidad del trabajo la dará el Instituto de Tierras.
Estuvieron presentes en la reunión los ministros de Gobierno Martín Nievas y de Seguridad Carlos Barsesa; el presidente del Instituto de Colonización Walter Ferreyra; el titular de la Secretaría de Derechos Humanos Juan Carlos Goya; el jefe de la Policía Ariel Acuña; los diputados Juan José Bergia, Hugo Sager, Dario Bacileff Ivanoff, Andrea Charale; y el intendente de Miraflores Néstor Amarilla.
Durante el encuentro, Ferreyra hizo hincapié en la necesidad de profundizar sobre “este entramado territorial que lleva años y que necesita resolverse”. Explicó que el equipo del Instituto de Colonización se encuentra trabajando para encontrar una respuesta favorable tanto para las familias criollas como a las comunidades originarias que habitan esa zona de Miraflores, “por ello necesitamos del acompañamiento de los tres poderes y de la creación de esta mesa de tierra junto a representantes de la comunidades aborígenes del IDACH e INAI.”, remarcó.
Por su parte, el diputado provincial Juan José Bergia, señaló que el Poder Legislativo “acompañará decisión que tome el Gobierno y ayudará a las partes a buscar una salida, respetando a las personas que cuenten con el título de propiedad”.
“La realidad nos marca que existen títulos de propiedad y hay que conversar con la gente que usurpó el terreno. Hay 500 personas involucradas que tienen su casa y generan un problema”, explicó el legislador.
En esa línea, explicó que “se usurpó una tierra privada y la gente se endeudó para llevar adelante su vida y hoy se ve privada de sacar su producción”, remarcó Bergia y sostuvo que bajo los lineamientos del Gobierno se marcó la pauta de trabajar rápidamente en las tomas de terrenos que hayan hechos los ciudadanos a las personas que tengan títulos de propiedad, reunirlos y ofrecer en la zona algunas tierras para que pueda volver a la normalidad.
