En el octavo día de acampe en el acceso a Nueva Pompeya, las comunidades wichís profundizaron sus medidas de lucha. Realizaron una masiva movilización de dos kilómetros por el centro de la localidad que culminó frente al edificio Multifueros del Poder Judicial, dónde realizaron un acto.
Ante la falta de respuestas del Gobierno provincial, las comunidades concentran sus esperanzas en una definición de la Justicia para que frene una crisis humanitaria.
𝗟𝗮 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗮𝗽𝗲𝗹𝗮 𝗮 𝗱𝗼𝘀 𝗳𝗿𝗲𝗻𝘁𝗲𝘀 en busca de respuestas: al 𝗚𝗼𝗯𝗶𝗲𝗿𝗻𝗼 p𝗿𝗼𝘃𝗶𝗻𝗰𝗶𝗮𝗹 𝘆 n𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗾𝘂𝗲 𝗮𝘀𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗹𝗮 𝗲𝗺𝗲𝗿𝗴𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮; 𝘆 𝘂𝗻𝗮 𝗲𝘅𝗶𝗴𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗮𝗹 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝗶𝗼𝗿 𝗧𝗿𝗶𝗯𝘂𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗝𝘂𝘀𝘁𝗶𝗰𝗶𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗾𝘂𝗲 𝗮𝗽𝗿𝘂𝗲𝗯𝗲 𝘂𝗻𝗮 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗱𝗮 𝗰𝗮𝘂𝘁𝗲𝗹𝗮𝗿 𝗰𝗹𝗮𝘃𝗲 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗲𝗹 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼.
La cautelar
El eje de la asamblea comunitaria se concentró en el estado de la medida cautelar solicitada para la zona de General Güemes. El objetivo primordial de esta medida es 𝗼𝗯𝗹𝗶𝗴𝗮𝗿 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗹𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮𝗹 𝗚𝗼𝗯𝗶𝗲𝗿𝗻𝗼 𝗮 𝗴𝗮𝗿𝗮𝗻𝘁𝗶𝘇𝗮𝗿 𝗱𝗲 𝗺𝗮𝗻𝗲𝗿𝗮 𝘂𝗿𝗴𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗹𝗮 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲𝗴𝗮 𝗱𝗲 𝗮𝗴𝘂𝗮 𝗽𝗼𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲 𝘆 𝗮𝗹𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼𝘀. Así lo explicó la defensora Adjunta del Poder Judicial, Gisela Gauna Wirz, quien presentó la cautelar y participó en la asamblea de las comunidades.
La nueva medida busca alcanzar y proteger a las amplias zonas territoriales que en su momento quedaron fuera de la histórica cautelar de 2007 -dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación-, la cual sigue vigente. Aquel fallo asentó un precedente al declarar oficialmente que las condiciones de abandono del Estado hacia los pueblos originarios de la región constituían un verdadero «𝗲𝘅𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗶𝗼 𝘀𝗶𝗹𝗲𝗻𝗰𝗶𝗼𝘀𝗼».
A la nueva cautelar planteada, el juez -que originalmente había dado lugar a la solicitud- renunció hace seis meses tras recibir severas amenazas contra su familia, según él mismo denunció. Tuvo un pedido de enjuiciamiento por parte de los diputados oficialistas.
El Gobierno apeló la resolución del juez y ahora la decisión final está en el Superior Tribunal de Justicia. La comunidad exige que el tribunal se constituya formalmente y apruebe la medida sin más demoras.
«𝗡𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮𝘀 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗶𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝘃𝗶𝗱𝗮 𝘆 𝗱𝗲 𝗺𝘂𝗲𝗿𝘁𝗲 𝘀𝗲 𝘃𝗲𝗻 𝘁𝗼𝗱𝗼𝘀 𝗹𝗼𝘀 𝗱𝗶́𝗮𝘀. 𝗦𝗼𝗻 𝗽𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗵𝗮𝗺𝗯𝗿𝗲 𝘆 𝗹𝗮𝘀 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗶𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝘃𝗶𝗱𝗮 𝗮 𝗹𝗮s 𝗾𝘂𝗲 𝗳𝘂𝗶𝗺𝗼𝘀 𝘀𝗼𝗺𝗲𝘁𝗶𝗱𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗿 𝗽𝗼𝗹𝗶́𝘁𝗶𝗰𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝗴𝗼𝗯𝗶𝗲𝗿𝗻𝗼𝘀 𝗻𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝘆 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗶𝗻𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗱𝗲𝘀𝗱𝗲 𝗵𝗮𝗰𝗲 𝗺𝘂𝗰𝗵𝗼𝘀 𝗮𝗻̃𝗼𝘀», expresaron los voceros, explicando la realidad actual como la continuidad y el agravamiento de aquel «genocidio silencioso».
Mientras tanto, la jueza María Soledad Serrano (Juzgado Civil y Comercial N° 6 de Resistencia) intimó al Gobierno de Chaco, otorgándole un plazo de dos días hábiles para demostrar documentalmente qué acciones tangibles está ejecutando para garantizar agua y comida a las comunidades de Nueva Pompeya, El Sauzalito, Fuerte Esperanza y los parajes rurales del departamento General Güemes, ante el avance alarmante de la desnutrición y la tuberculosis.
La indignación de la asamblea se transformó en luto tras confirmarse la llegada a Pompeya del cuerpo de Sara Maldonado, comunidad wichí, luego de tres días de intensos reclamos para que el Gobierno provincial resolviera su traslado desde Castelli. Se le dio sepultura en el cementerio de Pozo del Toba, en Nueva Pompeya.
