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Causa Ponce de León: “Fue torturado y asesinado con la metodología de las fuerzas de seguridad”

Este fue el contundente resultado de la reautopsia, realizada por peritos forenses especializados, sobre el cuerpo del joven que murió en febrero luego de una detención policial. Aseguran que las lesiones fueron realizadas “con la metodología que utilizan las fuerzas de seguridad”. La conclusión, que fue presentada el lunes en una conferencia de prensa, refuerza la hipótesis de su familia de una muerte por “abuso y encubrimiento policial”.

A poco más de cuatro meses de la muerte de Sebastián Ponce de León, tras una detención policial en febrero, y luego de la tenacidad de sus familiares que en busca de la verdad lograron avanzar en la causa judicial y concretar una reautopsia con peritos especializados, dicho análisis fue presentado ayer en una conferencia de prensa en el Comité de Prevención de la Tortura y fue contundente: “Desde el punto de vista científico, Sebastián fue torturado y asesinado con la metodología que utilizan las fuerzas de seguridad”.

Así lo aseguró la perito forense Virginia Creimer, quien junto a su par, Basilio Ramírez, llevó a cabo la exhaustiva tarea de analizar las lesiones en el cuerpo de la víctima y que no fueron relevadas por la primera autopsia. “Encontramos lesiones que son características del accionar policial, lesiones que no pueden haber sido producidas por un individuo común y muchos menos en 20 minutos por una sola persona, que es lo que se está sosteniendo hasta ahora”, sentenció Creimer durante la conferencia de la que participaron los familiares de la víctima, quienes minutos antes se anoticiaron de los resultados y reafirmaron sus denuncias.

Causa Ponce de León: “A mi hijo lo asesinó la Policía”

La reautopsia se realizó ya que, entre otras irregularidades denunciadas por la familia, en el primer examen no se había cumplimentado el Protocolo de Minesotta que se aplica cuando existen muertes en manos de fuerzas de seguridad del Estado y es específico para la búsqueda de lesiones que no se ven a simple vista.

“Hoy, Sebastián nos mostró que había sido ferozmente golpeado y que tenía signos, descriptos por la bibliografía nacional e internacional, de tortura”, sostuvo Creimer sobre la localización de una multiplicidad de lesiones a nivel de tórax, abdomen, cabeza y pies, específicas de malos tratos atribuibles a las prácticas de las fuerzas de seguridad estatales.

Entendiendo la muerte de Ponce de León como un caso emblemático y bisagra en materia de derechos humanos y en la lucha contra la violencia institucional, la especialista consideró que “esta verdad no solo es para Sebastián, sino para todos los pibes y las pibas que caen en manos inescrupulosas que se aprovechan de la fuerza y el cargo que tienen para quitarles la vida”.

La perito forense Virginia Creimer y el abogado querellante de la familia Hugo Fernández Liras.
María Paula Quiroga/elDIARIO

“Bajo ningún punto de vista podemos permitir que estando en democracia, y aun si no lo estuviéramos, haya fuerzas de seguridad que en lugar de dedicarse a protegernos tengamos que tenerles miedo porque nos golpean, nos torturan, nos asesinan y nos siguen desapareciendo a los hijos y a las hijas”, expresó y destacó el aporte de esta investigación: “Que se sepa en Chaco y en Argentina que hay muchos profesionales dedicados a descubrir la verdad, que no nos tiembla el pulso cuando hay que hacer este trabajo, que es doloroso”.

Por su parte, Ramírez expresó su expectativa de que con “este aporte, la Justicia pueda avanzar y le pueda dar a la familia lo único que buscan, justicia”, y resaltó: “Es una forma de volver más humana a la ciencia, porque permite que a través de un rigor científico y de aplicación de un protocolo, que ya existe hace varios años en nuestra provincia, pongamos al servicio de la Justicia, y sobre todo de la familia, las posibilidades de conocer lo que en verdad sucedió”.

 

RECLAMO AL ESTADO

El mensaje tras el anuncio estuvo apuntado a las autoridades gubernamentales, legislativas y judiciales para que además de aplicar las leyes y protocolos establecidos para investigar estos casos, apunten al cambio cultural y de organización en las fuerzas: “Indudablemente, las personas detenidas son uno de los grupos más vulnerable, sino el más vulnerable, que tenemos en la sociedad”.

Así lo apuntó el abogado de la familia, Fernández Lira, y describió brevemente las falencias que impidieron que la verdad sobre la muerte de Sebastián salga a luz: “Es inadmisible en un estado de derecho que sanidad policial siga cumpliendo las funciones de revisar a los detenidos y emitir los certificados de defunción de las personas detenidas. Es urgente sacarle estas funciones, hacer una recomendación al hospital Perrando para que dejen constancia de las lesiones de las personas así las traigan la Policía o quien sea, y a las fiscalías para que investiguen toda muerte ocurrida en detención”.

Y en esa línea, también reclamó una revisión del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Policía provincial: “Es imprescindible cambiar toda la estructura de OCI. Ese organismo, así como está, no sirve, tiene que estar en manos de civiles y funcionar en manos de civiles, porque todo esto tiene cuestiones económicas de por medio”.

“Es inconcebible que en una democracia no se respeten los derechos humanos”, sentenció y adelantó que, en el marco jurídico, tomarán las medidas correspondientes.

Por otra parte, desde el Comité contra la Tortura, el abogado Alejandro Armoa entendió que “si Sanidad Policial hubiese estado en manos objetivas, esto hubiese tenido otro desenlace”. Aseguró, además: “Si aplicásemos el protocolo Minnesota, después de la desgracia, el Estado hubiese garantizado que una pericia de tal magnitud ya esté realizada”.

“Desde el Comité, siempre instamos a una sanidad, un control médico objetivo y a la aplicación de todos los protocolos internacionales que no es más que una obligación para el Estado, para la integridad de los derechos humanos”, manifestó.

La misma demanda surgió de Creimer, que pidió a “los diputados que tengan presente que la capacitación de los profesionales es fundamental, porque si no hay conocimiento no vamos a llegar nunca a la verdad. Ese conocimiento tiene que tener una voluntad de los profesionales y una voluntad política real de cambio”.

 

“EL COMPROMISO” DEL ESTADO

En la sala, junto a la familia de Ponce de León, también estuvieron la diputada Gladys Cristaldo y el asesor del diputado Aurelio Díaz, quienes asumieron “el compromiso de trabajar” en los planteos de los profesionales médicos y jurídicos. “Nos ponemos a disposición en todo lo que podamos ayudar en el caso de Sebastián y también en las áreas legislativas que tienen que ver con estas modificaciones, que creo que son necesarias y urgentes”, sostuvo Cristaldo.

“Esta investigación no solamente podrá llevar en parte esa reparación que necesitan los familiares, sino también pondrá más la lupa sobre estas cuestiones que tienen que ver con las personas que están privadas de su libertad y sufren tremendas aberraciones y hasta pueden perder la vida”, apuntó.

Por parte del Gobierno provincial, estuvo presente el abogado querellante por la Secretaría de Derechos Humanos, Kevin Nielsen, que expresó el compromiso “tanto en el avance de la investigación, el juzgamiento y la sanción de este hecho aberrante, así como el más firme compromiso para cambiar los patrones estructurales que permiten que este tipo de hechos sigan sucediendo, tanto el hecho como la posible no adecuada investigación que arroja impunidad a esto perpetradores”.

 

EL CASO

Sebastián fue detenido el 31 de enero de 2019 y trasladado a la División de Medicina Legal, luego fue derivado al hospital Perrando, donde falleció a los diez días.

El padre denunció que durante la detención su hijo tuvo “lesiones gravísimas, que derivaron en una insuficiencia renal aguda” y detalló que Sebastián, al momento de recuperar la conciencia, relató que había sido muy golpeado por los policías, pero que tenía miedo de realizar la denuncia.

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