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La causa Pacce Alvarado, a la deriva entre dilaciones y prórrogas

Las denunciantes en el juicio contra Daniel Pacce (fallecido) y Noemí Alvarado por abuso sexual a menores durante la década de los 80 se comunicaron con este matutino para manifestar preocupación ante la falta de novedades en la causa. “La causa está planchada, no pedimos una condena antes de juicio, sino que se avance en el debate y que se expida la Justicia”, declararon.

Cuando falta poco para que se cumpla un nuevo aniversario de su inicio, el caso por el cual el ex diputado y funcionario Daniel Pacce (fallecido) fue denunciado, junto con su esposa Noemí Alvarado por el delito de abuso sexual en la infancia, por María Belén Duet y Rosalía Alvarado, destaca por el nulo avance en el proceso.

“No pedimos una condena antes de juicio, sino que por lo menos convoquen a Noemí Alvarado a dar explicación. Queremos visibilizar este caso y que la Justicia avance, de otro modo quedamos desamparadas” señaló a elDIARIO de la Región Rosalía Alvarado, una de las denunciantes.  Según figura en la acusación presentada cuando fueron atacadas por el e matrimonio Daniel Pacce –Noemí Alvarado (tía por vía paterna de Rosalía) ambas denunciantes eran niñas, Rosalía tenía seis años, y María Belén, tres.

Cabe recordar que cuando, ya adultas, las sobrevivientes lograron la confianza necesaria para superar la angustia y el manto de silencio que envuelve a este tipo de crímenes y quisieron denunciar lo sufrido, se toparon con un nuevo obstáculo: para la ley vigente el delito se encontraba prescripto. Por ello, tuvieron que esperar a la reforma de la ley N° 27206 que canceló la prescripción del abuso sexual en la infancia para poder presentar una denuncia formal contra el 15 de junio de 2016.

Después de asistir al pedido de archivo de la causa por “prescripción” y consiguiente cancelación de la investigación por la fiscal Daniela Meiriño sin siquiera llegar a juicio, luego de la apelación de la querella la causa cambió de fiscal y recayó en el Juzgado N° 2, de Héctor Sandoval.

Antes que eso, el retraso judicial resultó en que Daniel Pacce falleciera en junio de 2018 sin haber sido citado a declarar. Lo que ocurrió después de la ratificación de la continuidad del juicio fue que se tomaron una serie de declaraciones y pericias, pero no se avanzó en la citación a Noemí Alvarado.

Por ello, Alvarado remarcó a su impresión de que “la causa está planchada, va a ser un nuevo aniversario de juicio oral en junio. Denunciamos a dos personas por el abuso, las otras personas no tienen nada que ver”, remarcó, a la vez que destacó su preocupación respecto del rol de la Justicia y una causa muy permeable a presiones políticas para que no se investigue.

Dos semanas atrás, la defensa presentó un escrito en el que se recusa al fiscal de la causa, Sergio Cáceres Olivera. El fiscal contestó con un rechazo a la recusación y la elevó al procurador general, que a su vez elevó el expediente al juez Sandoval. ¡!

En ese sentido, este matutino consultó a Cáceres Olivera, quien afirmó: “Todas las medidas de prueba en la causa fueron ordenadas y producidas. Hubo un planteo de la defensa de solicitando la intervención de otro fiscal, cuestión que está siendo evaluada por el juez de Garantías N° 2. Hasta que no se resuelva este tema, no podemos iniciar ninguna acción”.

Por otra parte, durante la toma de declaraciones posibilitó que se acerquen más declarantes, por lo cual crece la presunción de más casos de abuso perpetrados por el matrimonio y asimismo un agravamiento en la participación de Noemí Alvarado, ya no sólo como garante de los ataques, sino también como partícipe activa.

Pacce fue funcionario durante la Gobernación de Florencio Tenev y diputado nacional por el justicialismo entre 1987-1991, tuvo un paso por demás intrascendente por el Congreso de la Nación, por lo menos en lo que a labor parlamentaria se refiere. Pacce y su esposa Noemí Alvarado (integró el Directorio del Instituto de Vivienda) tenían una vida social muy activa y era habitual que su domicilio hubiese muchos niños, hijos de amigos y allegados.

Asimismo, siendo el Abuso Sexual en la Infancia (ASI) un delito de instancia pública y por el cual el Estado debe accionar de oficio, desde las organizaciones que nuclean a víctimas y sobrevivientes, así como referentes del tema alertan sobre la tasa de subregistro por un lado (es decir, la mayoría de los ataques no son denunciados), y por otro, los retrasos y e inacción por parte del Poder Judicial. Se calcula que en nuestro país se esclarecen entre el 1% y el 2% de los delitos que se denuncian, no de los que se comenten. Si se tiene en cuenta que en el caso de abuso sexual infantil sólo se denuncia menos del 10%, de cada 1000 abusos, se esclarece uno; por tanto 999 quedan impunes. . En muchos de los casos suele suceder lo que se denomina «descubrimiento tardío”  o bien lisa y llanamente un retraso en la posibilidad de expresar lo ocurrido, razón por la cual estos ilícitos raras veces son denunciados en forma inmediata.

 

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