La incertidumbre comenzó a crecer en el barrio Los Teros después de que representantes del Poder Judicial, acompañados por un martillero público, recorrieran distintas parcelas para verificar quiénes viven en las viviendas. La presencia de funcionarios y la entrega de actas con datos de expedientes judiciales encendieron las alarmas entre familias que hace décadas habitan esos terrenos y que ahora temen que los relevamientos sean el paso previo a desalojos o remates.
Gladys Favretto, dirigente de la Corriente Clasista y Combativa y vecina de Los Teros desde hace 32 años, contó al medio autogestivo Nueva Mirada Radio que el procedimiento comenzó el 22 de septiembre. Según explicó, los funcionarios buscaban constatar si las viviendas estaban ocupadas y conocer cuántas personas viven en ellas.
El problema, sostuvo, es que nadie pudo explicar con claridad quién ordenó el relevamiento ni cuál es su objetivo. La preocupación se profundizó cuando algunas familias recibieron documentación del Poder Judicial vinculada a sus parcelas y observaron la presencia de un martillero. “Sentimos que es un previo aviso a un posible desalojo, a un posible remate si no saldamos las deudas”, señaló Favretto.
Ante esta situación, los vecinos decidieron dejar de afrontar el problema de manera individual y convocaron a una asamblea. El encuentro reunió a más de 40 personas y contó con la participación de familias de Los Teros, Las Flores, Vargas, sectores de Fontana y otros asentamientos.
La frase de una vecina durante la reunión sintetizó el espíritu del encuentro: “De mi casa no me saca nadie”.
Favretto explicó que, de acuerdo con el acta entregada a las familias, serían 58 los hogares alcanzados por los relevamientos.
Algunas familias ya fueron visitadas y recibieron como respuesta que no serían desalojadas. Sin embargo, la falta de información sobre el origen y el alcance del procedimiento mantiene la preocupación.
“¿Por qué el motivo del martillero y por qué el motivo del aviso?”, cuestionó Favretto.
MÁS DUDAS QUE CERTEZAS
El conflicto se desarrolla además en paralelo a un proyecto de urbanización que contempla obras viales en la zona. Según explicó la dirigente, la iniciativa fue difundida públicamente sin que los vecinos fueran informados previamente y contempla modificaciones que podrían afectar viviendas del sector.
Favretto también advirtió que el proyecto podría tener consecuencias sobre sectores ambientales cercanos a Villa Fabiana, por lo que los vecinos comenzaron a establecer contactos con habitantes de ese barrio para ampliar el reclamo.
La disputa por la tierra no es nueva en el Gran Resistencia. La dirigente recordó que, según un relevamiento realizado por organizaciones sociales en 2023, existían entonces alrededor de 187 asentamientos en el área metropolitana. La cifra, sostuvo, probablemente haya crecido.
En muchos de estos barrios las familias no cuentan con títulos de propiedad definitivos. Tienen actas de ocupación, documentación vinculada al Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) u otras constancias que acreditan su permanencia, pero que no equivalen a una escritura.
Para las organizaciones, allí aparece uno de los principales problemas: la falta de políticas sostenidas de regularización dominial deja a miles de familias en una situación de permanente incertidumbre. “Nosotros nunca nos negamos a pagar, jamás nos negamos a pagar, pero uno tiene que pagar de acuerdo a lo que ingresa en la casa”, sostuvo Favretto.
La dirigente planteó que las condiciones económicas de las familias hacen imposible pensar en mecanismos de regularización que no contemplen sus ingresos. Según relató, existen hogares que atraviesan dificultades incluso para garantizar la alimentación durante todo el mes.
En ese contexto, la posibilidad de perder la vivienda agrega una nueva dimensión al conflicto. “Nos cagamos de hambre, no tenemos trabajo y ahora nos quieren quitar las casas o nos quieren quitar nuestro terreno. Es una locura lo que se está viviendo”, expresó.
El reclamo también busca trascender Los Teros. Durante la asamblea se planteó sumar a otros barrios y asentamientos que atraviesan problemas similares. La intención es construir una respuesta colectiva frente a cualquier intento de desalojo y reclamar información sobre la situación dominial de cada familia.
