En el marco del debate legislativo por el proyecto del gobierno nacional que propone bajar la edad de imputabilidad penal a los 13 años, el presidente del Comité Provincial contra la Tortura, Darío Gómez, cuestionó la iniciativa por considerarla regresiva y contraria a los estándares internacionales de derechos humanos. En una entrevista en Ciudad Televisión, sostuvo que la propuesta no se apoya en datos objetivos y responde a una lógica punitivista.
“Esto se corresponde con lo que viene haciendo el gobierno de Milei desde que asumió, una continua y permanente serie de iniciativas de restricción de los derechos humanos”, afirmó Gómez, y mencionó el cierre de áreas vinculadas a políticas públicas en derechos humanos, discapacidad y memoria, verdad y justicia.
En ese sentido, señaló que el avance sobre la niñez se inscribe en un contexto más amplio. “Hemos visto una situación de mayor represión de la protesta social y criminalización de la misma. Uno pensaba que con niños, niñas y adolescentes no se iban a meter, pero se meten con jubilados, con mujeres, cierran el Ministerio de Mujeres y eliminan partidas de áreas muy sensibles para nuestro país”, expresó.
Los datos que refutan el proyecto
Gómez consideró que el debate sobre la edad de imputabilidad “parte de una fantasía” y no de un análisis serio del sistema penal. “Las reformas de algo tan sustantivo deberían basarse en estadísticas y evidencias”, sostuvo, y remarcó que las modificaciones anteriores “fueron parches regresivos que no sirvieron”.
En ese marco, destacó el informe anual del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, con datos consolidados hasta el 31 de diciembre de 2024, y un capítulo específico sobre el sistema penal juvenil. “Es un informe muy oportuno para este debate”, señaló.
En Argentina venimos bajando la tasa de comisión de delitos de niños, niñas y adolescentes
Según ese informe, “en Argentina venimos bajando la tasa de comisión de delitos de niños, niñas y adolescentes”. Además, indica que entre 2020 y 2024 la disminución fue del 22% y que los datos consolidados hasta 2026 muestran que la tendencia continúa, aunque a un ritmo más lento. “Esto no se condice con el discurso que intenta instalarse”, remarcó.
El documento también da cuenta de que en todo el país hay 4.119 niños, niñas y adolescentes dentro del sistema penal juvenil. De ese total, “unos 800 están con medidas de privación de la libertad y alrededor de 3.300 con medidas de restricción”, que incluyen salidas para estudiar o visitas familiares. Además, el titular del Comité señaló que “el 90 o 95% de estos casos se concentran en cinco jurisdicciones: CABA, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza”.
… no se condice con el relato que algunos medios reproducen de manera distorsionada sobre los delitos que cometen los niños, niñas y adolescentes.
Otro de los puntos que destacó Gómez es el perfil de quienes integran el sistema penal juvenil. “El 96 o 97 por ciento son varones”, precisó, una característica que, según señaló, se replica en el sistema penitenciario de adultos. En cuanto a la tipología de los hechos, fue contundente: “La mayoría absoluta tiene que ver con delitos contra la propiedad, cerca del 70 por ciento”, un dato que, advirtió, “no se condice con el relato que algunos medios reproducen de manera distorsionada sobre los delitos que cometen los niños, niñas y adolescentes”.
En el plano provincial, el presidente del Comité Provincial se refirió a la situación de la Aldea Tres Horquetas, espacio donde se alojan adolescentes en conflicto con la ley penal. “Por lo general hay entre cuatro y once chicos, y es un sistema que deja mucho que desear”, afirmó, al recordar que existen informes del Comité chaqueño que vienen señalando falencias persistentes en las condiciones de atención y alojamiento.
“El Estado intervienen por primera vez para punir y no para prevenir”
Desde una perspectiva de derechos humanos, Gómez cuestionó que el Estado intervenga “por primera vez para punir y no para prevenir”. “No llega para garantizar educación, protección social o asistencia, que son derechos básicos y fundamentales”, remarcó, y subrayó que la mayoría de estos adolescentes proviene de sectores sociales y económicos históricamente vulnerados.
También alertó sobre la falta de capacidad del sistema de encierro a nivel nacional. “En las cárceles no hay lugar”, sostuvo, y explicó que Argentina atraviesa una situación de sobrepoblación estructural. En el caso de Chaco, si bien el sistema penitenciario no supera ampliamente su capacidad, advirtió que “hay entre 1.300 y 1.500 personas alojadas en comisarías”, donde no se garantiza el acceso a los derechos y beneficios previstos por la ley de ejecución penal.
Respecto del sistema carcelario en general, Gómez señaló que “los lugares de encierro no son espacios de resocialización como se pretende”, y enfatizó que la reinserción solo es posible cuando se garantizan condiciones dignas durante el cumplimiento de la pena. “Educación, capacitación en oficios, acceso a la salud, derecho a la visita y a la comunicación”, enumeró, y destacó que “en los casos donde eso sucede, la tasa de reincidencia es escasísima”.
En ese marco, cuestionó los recortes presupuestarios y la reducción de personal en el Servicio Penitenciario chaqueño. “La mayoría del personal civil dado de baja eran profesionales que integraban equipos interdisciplinarios”, indicó, y advirtió sobre el impacto directo en áreas críticas como la salud mental. “La demanda crece y muchos psicólogos fueron dados de baja”, alertó.
Gómez reclamó que el debate legislativo se aborde con seriedad y responsabilidad institucional. “Si el gobierno quiere poner este tema en la mesa, que sea para debatir, recibir propuestas y buscar reformas que realmente beneficien a la población”, sostuvo, y concluyó: “La salida no pasa por bajar la edad de imputabilidad. Es una posición demagógica y punitivista que no resuelve los problemas de fondo”.
