En medio del letargo que atraviesa la Cámara de Diputados, la Comisión de Mujeres y Diversidad llevó a cabo una reunión informativa para denunciar el ajuste en las asignaciones del área dentro del proyecto de Presupuesto 2027. Autoridad de la reunión, Esteban Paulón lo sintetizó como “presupuesto sin perspectiva de género”.
La reunión estuvo a cargo de la cordobesa Gabriela Estévez, quien dio lugar a más de docena de invitadas que participaron del encuentro en la Sala 2 del Anexo de la Cámara baja. Fue unánime el reclamo en rigor del descenso en el presupuesto para la Secretaría de Género y Diversidad y el foco estuvo puesto en la ejecución real.
En primera instancia, el santafesino Paulón repudió lo sucedido este domingo por la madrugada en los Bosque de Palermo cuando un grupo de masculinos de entre 16 y 20 años atacó brutalmente a un grupo de mujeres trans. El hecho fue subido a Instagram por los propios agresores, quienes se aparecieron por sorpresa en bicicletas y después de insultar a estas mujeres, las golpearon con palos.
“No podemos naturalizar el odio y la violencia”, afirmó el legislador de Provincias Unidas. Hasta el momento no hubo detenciones. Sin embargo, las imágenes posteadas por los propios agresores generaron repudio masivo en redes sociales al punto tal que al menos cuatro de los victimarios fueron identificados a través de perfiles de Instagram y X.
Agustina Rossi, integrante del Equipo de Latinoamérica de Justicia y Género (ELA), expuso sobre el gasto del Estado en materia de género y señaló que el análisis se concentra en dos ejes: las políticas de abordaje de las violencias y la educación sexual. En ese sentido, advirtió sobre las dificultades para cuantificar los recursos destinados al programa Afianzamiento de la Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia, debido a que existe “menos acceso a la información”.
Durante su exposición, Rossi alertó sobre el fuerte recorte presupuestario en las políticas de prevención y asistencia: “Entre 2023 y 2027 se ha reducido en un 89% lo destinado a violencias”. En esa línea, consideró que existe “claramente una intención de vaciar estas políticas” y advirtió sobre las consecuencias económicas de desatender esta problemática: “Al Estado le va a salir carísimo porque el costo de la violencia que después debe invertir en salud y justicia le sale de 0,8% a 2,1% del PBI, estimativamente”.
Por otra parte, se refirió a los recursos destinados al área de salud sexual y reproductiva y puso el foco en la ejecución del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA): “El Plan ENIA tiene 0% de ejecución en 2026”. Finalmente, cuestionó las prioridades del proyecto presupuestario para el próximo año al señalar que “en 2027 hay 22 millones de pesos más para impresiones parlamentarias”.
También participaron José Spollansky de la Asociación Civil por la Igualdad y La justicia; Mercedes D’Alessandro; Delfina Rossi; Lucía Ortega, economista docente de la UBA; Andrea D’Atri, legisladora porteña; Mirna Silva, docente de Moreno; Claudia Perugino; Karen Navarro Martínez, titular de la Secretaría de la Mujer y diversidad de La Rioja; Patricia Gorza de Mujeres de la Ruralidad; Flavia Massenzio de la Federación Argentina LGBT; y Agostina Fiorella, presidenta de Fundación Misionera GAIA.
Fuente: Parlamentario
