Al cumplirse 12 años de que el gobernador, Jorge Capitanich, pidió perdón en nombre del Estado a los pueblos originarios por las masacres cometidas en la historia provincial, la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros se constituye en querellante en el Juicio por la verdad que declara a la Masacre de Napalpí como delito de lesa humanidad.
Actualmente, la causa se encuentra en etapa de instrucción de oficio y es llevada adelante por la Fiscalía Federal. Tras la investigación que lleva adelante el Equipo de Antropología Forense, la fiscalía requerirá al juez la apertura de un juicio por la verdad, en el que la Secretaría de Derechos Humanos actuará como querellante.
“Es necesario profundizar la perspectiva decolonial en materia de derechos humanos, promoviendo y acompañando las demandas históricas de justicia por los crímenes perpetrados contra las comunidades originarias, a través de la tramitación de las causas por las vías adecuadas para el conocimiento de la verdad de los hechos”, dijo la secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez.
El 16 de enero de 2008, en la plaza central de Machagai, el Gobierno del Chaco a cargo de Jorge Capitanich, reconocía el rol genocida que tuvo el Estado masacrando ferozmente a sus pueblos originarios. En aquella ocasión se realizó un homenaje a Melitona Enrique, sobreviviente de lo que se conoce como la Masacre de Napalpí.
“No basta con mirar hacia atrás. Hoy, en nombre del Estado del Chaco pido perdón por los crímenes de lesa humanidad que el 19 de julio de 1924 cometió el gobierno del entonces Territorio Nacional”, decía Capitanich aquel día, en un acto de reparación y reconocimiento a los pueblos, en el mismo territorio donde 83 años antes las fuerzas policiales reprimieron ferozmente una huelga en la que las comunidades qom y moqoit pedían condiciones dignas de trabajo.
DEL PERDÓN A
LA QUERELLA
La importancia de la constitución en querellante por parte del Poder Ejecutivo de la provincia en el juicio por la verdad acerca de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Napalpí, radica en la profundización de la política de Estado del gobierno chaqueño de contribuir en el restablecimiento de la verdad, la memoria y la justicia. Esto forma parte integral de la política reparatoria hacia los pueblos originarios en particular y del pueblo chaqueño en general.
Por su parte, Juan Chico, representante de la Fundación Napalpí que viene llevando adelante extensas investigaciones sobre lo ocurrido en julio de 1924, sostuvo que los crímenes cometidos desde el Estado nacional contra los pueblos indígenas no deben quedar impunes.
Es así que la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros en representación del Estado provincial, toma la decisión política de asegurar que memoria, verdad y justicia sean una realidad efectiva para los pueblos originarios.
