Los vecinos aseguran que el barrio se estaba conformando lentamente con edificaciones precarias y que muchas familias empezaron incluso a invertir lo poco que tienen en construcciones de materiales. Son trabajadores changarines, quienes aseguran que saben que la usurpación es un ilegal, pero aseguran que es la única forma que tienen de tener un lugar donde vivir. “Para las casas de Viviendas nos piden un montón de papeles que no tenemos”, admitieron.
Elizabeth Barboza, una de las damnificadas, madre soltera, comentó a elDIARIO de la Región que ayer la Policía avanzó con la edificación de su precaria vivienda. Si bien admite que no tiene la titularidad de las tierras en las que estaba asentada, asegura tiene un papel que acredita la intención de compra del lote.
Las familias aseguraron que en el operativo, “no dejaron que saque nada de mi casita”. “Y no me permitieron tomar fotos o imágenes, porque aseguraron que me iban a secuestrar el teléfono”, expresaron.
Las familias tenían varios pedidos de expropiación, incluso había un proyecto de ley en la Cámara de Diputados que no prosperó. Ahora, esperan que algunas de las autoridades municipales o provinciales se acerquen a los terrenos para dar respuestas a las demandas de la comunidad.
“Al cierre de esta edición, las familias estaban apostadas en las esquinas de los terrenos esperando una respuesta de las autoridades provinciales, quienes en un primer momento les ofrecieron otro lugar para que se trasladen”, dijeron.
