La agrupación Santiagueños en Defensa de la Tierra está conformada por más de 100 familias campesinas de alrededor de toda la provincia de Santiago del Estero que fueron desalojadas de sus tierras, hecho que ocurre desde hace 5 años hasta la actualidad. ElDiario de la Región pudo dialogar con Marisa Figueroa, una de sus integrantes, que contó la violencia que sufren quienes habitaron en esas tierras desde hace años y hoy en día buscan defender la vida rural.
La crisis habitacional que se da en todo el país, no es homologable con la situación de Santiago del Estero, según comentó Marisa. “En particular acá el actor que usurpa no es el gran terrateniente o el capital transnacional, y si bien hay grupos económicos, los desastres que están sucediendo no están relacionados a ese tipo de actores, sino que no dejan de ser locales” explicó a este matutino.
La integrante de Santiagueños en Defensa de la Tierra, manifestó que este conflicto tiene un trasfondo histórico y legal. “Los planes y programas de regularización familiar jamás se ejecutaron. Por eso es que en una provincia donde no hay un millón de habitantes la gente no tiene títulos de propiedad, no tiene nada. No estamos hablando de gente que recién llego, son criados en el lugar pero no tienen los papeles” aseguró.
Esta situación facilita que a través de medidas judiciales y con ayuda del mismo Estado provincial, se avasalle el derecho a la tierra de las familias campesinas, “por lo que hay una voluntad política de que esto suceda” manifestó Marisa.
En este sentido, comentó una de las situaciones que viene ocurriendo desde ya 5 años. “El presidente del Superior Tribunal de Justicia, López Alzogaray viene quedándose con toda la zona de riego en un paraje a la altura de la ruta 34 kilómetro 650 aproximadamente, donde ya desalojó entre 15 y 17 familias de allí, con un promedio de 90 hectáreas cada una, que no tienen la regularización como la requiere la ley. Es ante esa vulnerabilidad estos personajes avanzan” indicó.
Según Marisa, Alzogaray se presenta a la justicia aludiendo ser el heredero de todas esas hectáreas, ya que tiene una cedula real del año 1600 y con esa fotocopia reclama su derecho a una herencia.
“Esa es una de las modalidades, pero hay muchas más” asegura la integrante de Santiagueños en Defensa de la Tierra. “Si bien el Estado se debería encargar de regularizar la tierra, no hay respuesta de su parte, porque es el mismo Estado el que apoya estas desigualdades y es parte de estos mecanismos” denunció.
Son muchas las formas de violencia que estas personas ejercen para tomar posesión de las tierras. “Donde no hay campo sin alambrar, entran con topadoras ofreciéndose a comprar el terreno o pidiéndote los papeles, así usan su poder. Entonces como el campesino no tiene los papeles o lo que tiene siempre va a tener menos fuerza que lo que un escribano puede hacer, se quedan con los campos” señaló Marisa.
“Si bien algunas familias van a la justicia a pelearla, igual suelen estar a favor de los escribanos porque tienen poder. El resto entregan las tierras. Si vos no te vas, te desalojan o te cortan el derecho a riego, que es otra de las metodologías” explicó sobre la persecución política que viven.
MOCASE VÍA CAMPESINA
Otro actor que actualmente se encuentra involucrado en el conflicto de los desalojos de las familias campesinas es Mocase Vía Campesina. Según comenta Marisa, la agrupación surge a fines de los ochenta para hacer frente y reivindicar el derecho campesino. En ese momento, gobernaba Carlos Juárez por lo que no era tarea fácil revelarse. “Es un movimiento que toda mi generación apoyó y que todos levantamos esa bandera. A partir de fines de los noventa, tomaron un giro bastante diferente con la intromisión de Vía Campesina” señaló.
Marisa explicó que el Mocase es el actor fundamental del aparato electoral de la provincia. Ellos son los que organizan y garantizan las elecciones de los parajes. Son funcionarios del Gobierno provincial y nacional, aunque la mayoría no son de Santiago del Estero. A la cabeza está Adolfo Farías que trabaja como Coordinador de la Región Sur de Santiago del Estero en la Secretaría de Agricultura Familiar y Campesina Indígena de la Nación, SAFCI.
En el departamento Aguirre (departamento de Santiago del Estero) Mocase ya supera las 17 mil hectáreas tomadas. “Utilizan todo el beneficio económico que les da el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) por reconocerse indígenas. Ahí viene el tema, si estas dentro del territorio del relevamiento territorial indígena del INAI, te sacan, por más que cuatro generaciones hayan vivido ahí” manifestó Marisa, quien afirma que estás personas en realidad no pertenecen a dicha comunidad.
“El relevamiento del INAI no tiene potencia judicial, es un breve carácter administrativo. Es lo que la palabra indica: releva. Nos dicen que como la zona quedó dentro del relevamiento, te tenes que ir” indicó.
Frente a esto, desde la agrupación denuncian que en caso de resistirse son amenazados con violencia física y política para acreditar posesión. “Usan a los muertos que tuvo Moscase en el pasado, que si buscaban reivindicaciones justas, y en nombre de ellos y de los indígenas ejercen este tipo de poder. Uno primero tenía miedo e incomodidad con decir esto porque estas criticando a un movimiento social, que es del pueblo y que es popular. Pero hoy la gente necesita hablar porque están enfurecidos” arremató Marisa.
Sin embargo, “nosotros vamos por todos los canales institucionales judiciales, pero la justicia no nos registra. Si vamos a la comisaria y Mocase habla por teléfono con los fiscales, ya la fiscal tiene la versión de ellos. Hay una decisión política de que esto sea hecho. Acá están todos totalmente vinculados al avance de Mocase en pos de construir poder. Es una organización que se jacta de ser numerosa, con toda la gente del campo que empieza a depender de ellos” manifestó.
LA AGRUPACIÓN
En este contexto, los campesinos de varios departamentos, más que nada de la zona sur de Santiago, empezaron a autoconvocarse y hoy son más de 100 familias que conforman la asamblea Santiagueños en Defensa de la Tierra. “No estamos defendiendo solo las hectáreas que nos corresponden por ley, estamos peleando para tener la vida rural porque es lo que se está extinguiendo en el fondo” explicó la santiagueña.
Desde la agrupación se organizan para trabajar desde lo jurídico y mediante relevamientos en la mayoría de los departamentos. De esta forma, poseen datos concretos sobre el impacto que tienen las usurpaciones, no solo en la vida de las personas y la vida rural sino también en lo productivo y en el empleo.
Marisa se incorporó recién a finales del año pasado, pero Santiagueños en Defensa de la Tierra ya venía trabajando con reuniones donde gradualmente se fueron sumando más familias de toda la provincia. La resolución de llamarse de una manera más formal, con una personería jurídica, fue a principios de este año, entre enero y febrero.
Hasta el momento, los departamentos afectados por los desalojos son Aguirre, Mitre, Salavina, Sumampa, Ojo de agua, Quimilí y Robles aunque “todavía nos faltan un montón de departamentos que no pudimos contactar. En la última asamblea que asistimos se nos sumó gente que esperó, porque además esta situación no es algo que podamos publicar, porque ellos son muy violentos. Ellos te caen todos armados y no son menos de 60. Entonces tampoco es que podes andar compartiendo una convocatoria a que venga todo el mundo porque es muy delicado” manifestó
Marisa asegura que hay más familias de otras localidades esperando que la agrupación los visite, pero por lo pronto no pueden realizar esos viajes por falta de infraestructura y dinero para los gastos que requiere un traslado.
Finalmente, agregó que para estas familias, los desalojos “apuntan a terminar con la vida rural, donde se necesita luz eléctrica o pantalla solar, agua potable, caminos. Necesitas que tus hijos no se vayan a las ciudades para poder estudiar y son las cosas que el Estado debería brindarte para que vos no abandones toda una historia y un acervo cultural que hizo que esto sea una nación” concluyó.
