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DESALOJOS RURALES EN MARGARITA BELÉN: la Defensoría del Pueblo participó en la resolución del conflicto

Se logró un acuerdo entre las partes para que las familias rurales que iban a ser desalojadas del predio donde viven hace 40 años puedan permanecer en una parte del lugar

El ombudsman Bernardo Voloj participó de las negociaciones para destrabar la situación de las familias rurales que iban a ser desalojadas del predio donde viven y trabajan hace más de 40 años. Por medio de diferentes instancias de diálogo, se logró un acuerdo entre las partes para que las personas puedan permanecer en una parte del predio y se frenó el desalojo.

“Se logró un acuerdo inédito y muy importante, con una destacada actuación de los Estados nacionales y provinciales que asumieron su compromiso para poder dar respuestas a las familias, la defensoría actuó como garante para que esto se pueda concretar”, indicó Voloj.  Después de muchas intervenciones, finalmente se pudo firmar un acuerdo para que las familias rurales continúen en una parte del predio.  

“El papel de la defensoría fue el de facilitar el cumplimiento de la sentencia, nuestra postura siempre fue la de garantizar una mejor sentencia para ambas partes, teniendo en cuenta la situación especial que atraviesan las familias que vivían y trabajaban en el predio”, remarcó Voloj. Además, explicó: “Coordinamos y articulamos con distintos actores municipales, provinciales y nacionales, para que se puedan evaluar diferentes alternativas que satisfagan a ambas partes”. La instancia judicial llevaba varias décadas y contaba con una sentencia firme de desalojo, que se logró revertir a partir de una serie de negociaciones. 

LA CAUSA

El pasado 21 de abril, se realizó un primer intento de desalojo pudo suspenderse gracias a la resistencia de la familia y el acompañamiento de diversas organizaciones e instituciones provinciales y nacionales. Pocos días más tarde, la jueza convocó a una audiencia virtual y resolvió que se debía desalojar en 60 días. “El fallo dictado por la Jueza Kassor no sólo desconoce el derecho posesorio de las familias afectadas (quienes en un proceso judicial anterior han hecho valer el derecho de usucapión); además, posee importantes inconsistencias, presenta groseros errores en las nomenclaturas catastrales y contradice una gran cantidad de normativa nacional e internacional que protege a las familias campesinas (PIDESC, Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, entre otras)”, sostuvo la secretaría de Agricultura Familiar de la Nación en un comunicado.

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