Luego de que se hiciera público el requerimiento de indagatoria presentado ante el Juzgado Federal N° 1 de Resistencia, a cargo de Zunilda Niremperger, el fiscal Vigay brindó precisiones sobre el alcance de la investigación y los elementos reunidos.
El pedido alcanza a dos exoficiales del Ejército —Aldo Héctor Martínez Segón y Luis Alberto Patetta— y a dos exintegrantes de la Policía del Chaco —José Francisco Rodríguez Valiente y Gabino Manader— por su presunta responsabilidad en las privaciones ilegales de la libertad y tormentos contra Raúl María Caire, Raúl Antonio Méndez y Hegilberto Ricardo Nadalich, quienes permanecen desaparecidos.
“Son casos pendientes que quedaban de poder avanzar en la reconstrucción de lo que había pasado con estas tres personas que estaban desaparecidas, todas alrededor del mes de noviembre del año 1976”, señaló el fiscal entrevistado en Ciudad Televisión.
Delegación de la investigación y reconstrucción de los hechos
Vigay explicó que en julio del año pasado el juzgado delegó la investigación en la Fiscalía y que, a partir de allí, se profundizó la producción de prueba durante el segundo semestre. Se tomaron declaraciones a familiares, exdetenidos políticos, periodistas e investigadores, además de relevar antecedentes policiales, denuncias formuladas ante la Conadep y material periodístico de la época.
“Logramos reconstruir que, por ejemplo, en el caso de Raúl María Caire fue secuestrado en la ciudad de Resistencia el 2 de noviembre junto a su familia”, indicó.
Según detalló, Caire fue visto en la Jefatura de Policía, donde funcionó un centro clandestino de detención en un primer piso contiguo al edificio principal. “Existen sobrevivientes que son los que reconstruyen lo que pasó en ese lugar”, afirmó.
Posteriormente, fue trasladado a la provincia de Entre Ríos y visto el día previo a la Masacre de Margarita Belén en la Alcaidía policial. Sin embargo, su nombre no figuró en el listado oficial de víctimas de ese operativo represivo.
Detención de la familia y condiciones de cautiverio
El fiscal también se refirió a la situación de la esposa de Caire, Luisa Rodríguez, y de sus dos hijos pequeños, quienes permanecieron detenidos en la Brigada de Investigaciones durante aproximadamente un mes y medio.
“Ella fue torturada en ese lugar, los hijos tuvieron severas consecuencias de salud por estas condiciones de falta de higiene, de falta de alimentación”, describió.
En relación con Méndez y Nadalich, sostuvo que ambos fueron vistos en la Brigada de Investigaciones y que “los dos sufriendo sesiones de tortura sistemáticas”, con un deterioro acelerado de su estado físico.
Calificación legal y expectativa de resolución
Sobre la calificación jurídica, Vigay precisó que los hechos fueron encuadrados como privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos, en un contexto de clandestinidad.
“No tenían una orden de detención, fue en un marco de absoluta clandestinidad, vestidos de civil, llevados a un centro de detención que no era legal”, explicó.
El requerimiento presentado en diciembre, según indicó, es “muy extenso” y reúne declaraciones testimoniales, documentación y antecedentes que permiten sostener el pedido de indagatoria. “Tenemos los elementos suficientes para decir que hay probabilidades para una convocatoria indagatoria”, afirmó.
Ahora, la decisión queda en manos del juzgado federal, que deberá resolver si hace lugar al pedido y convoca a los imputados a prestar declaración indagatoria.
Masacre de Zapallar: hacia una sentencia por el derecho a la verdad
Durante la entrevista, Vigay también se refirió al avance de la investigación por la masacre de Zapallar, ocurrida el 9 de septiembre de 1933 contra integrantes del pueblo moqoit en la zona del actual departamento San Martín.
Explicó que, a partir del expediente judicial de la época y de investigaciones históricas, la Fiscalía inició la búsqueda de descendientes de sobrevivientes para incorporar testimonios directos al proceso. En febrero se realizaron asambleas en Charata y San Bernardo y está previsto que en abril se tomen entre seis y ocho declaraciones, con registro audiovisual y acompañamiento de la Universidad Nacional del Nordeste.
“Una vez que tengamos esta última prueba, la idea es pedirle a la jueza federal una sentencia por derecho a la verdad”, adelantó.
El fiscal señaló que, al tratarse de hechos ocurridos en territorio nacional, la responsabilidad recae en el Estado nacional, y que el objetivo del proceso es reconstruir lo sucedido y avanzar en medidas de reparación simbólica e institucional.
“Entendemos que una sentencia con una audiencia pública, con la participación de las comunidades, puede ser una respuesta valiosa en el marco de tener acceso a la verdad de lo que pasó”, concluyó.
