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Desde el Comité contra la Tortura recordaron el caso Greco

Con motivo de la 30° conmemoración de la muerte del artesano Ángel Greco, detenido el 25 de junio de 1990 y trasladado a una Comisaría de Puerto Vilelas donde su celda fue incendiada en circunstancias, el presidente del Comité de Prevención de la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanas y/ o Degradantes de Chaco Silvio del Balzo afirmó; “no vamos a dejar de empujar políticas hasta que no exista más violencia institucional”.

Este sábado se cumplió un nuevo aniversario de la muerte de Juan Ángel Greco, un joven artesano de 24 años que fue detenido el 25 de junio de 1990 y trasladado a una Comisaría de Puerto Vilelas. Su celda fue incendiada en circunstancias no aclaradas y él sufrió quemaduras graves que terminaron provocando su muerte.

Con motivo de ello desde la Dirección de Área Comunicacional y Registro del Comité de Prevención de la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanas y/ o Degradantes compartieron una gacetilla de prensa en la que el presidente Silvio del Balzo dejó sentado una serie de lineamientos generales al respecto con la postura del organismo, de activa participación en la problemática de la defensa de DDHH en la provincia.

El 3 de marzo pasado se realizó una reunión con los tres Poderes del Estado en el marco de una audiencia que convocó la CIDH para consultarle al Estado chaqueño cómo se estaba desempeñando en el avance o en la progresividad institucional de la aplicación de políticas de Derechos Humanos en el marco del Caso Greco. En esa reunión se firmó un acta acuerdo en donde los tres Poderes del Estado se propusieron y comprometieron a acompañar un Proyecto de Ley para la creación de la Estructura de Cargos del Comité de Prevención de la Tortura. Porque, en definitiva, nosotros no vamos a dejar de empujar estas políticas hasta que no exista más Violencia Institucional.

Cabe remarcar que el Comité de Prevención de la Tortura, realiza monitoreos, recomendaciones y participa mediante diálogos cooperativos con los diferentes Poderes del Estado para seguir trabajando en el avance de políticas de Derechos Humanos. Específicamente, el Comité a diferencia de otros organismos del Estado, se establece con criterios de autonomía e independencia que le permiten tener una opinión objetiva en el marco de normativas internacionales.

CPT: RUPTURA

CON LA TORTURA

En esa línea, Silvio del Balzo precisó; “El Caso Greco significó un ruptura provincial y nacional con respecto a la tolerancia al abuso de autoridad y a la Violencia Institucional ejercida por las Fuerzas de Seguridad en la provincia de Chaco. Fue un quiebre institucional que nos permitió empezar a plantear políticas públicas dentro del marco del Estado.A partir de este caso se generó la creación de la Fiscalía de Derechos Humanos como una fiscalía especializada que investigue este tipo de delitos; la posibilidad de sancionar estas prácticas mediante la puesta en marcha de organismos como el Órgano de Control Institucional (OCI) y, fundamentalmente, la creación de este Mecanismo.

Respecto de cuáles son los ejes cardinales del caso del Balzo indicó: “Se pueden remarcar tres cosas: primero, la práctica sistemática de las Fuerzas de Seguridad que son herencia de prácticas de un Estado que iba en contra de todos los principios y valores que expresa la Democracia. Herencia de esa formación castrense que tiene la Policía y que se reafirmó en el proceso de la última dictadura militar en la Argentina”. En un segundo punto precisó; “Lo siguiente que hay que tomar en cuenta es la población a la que generalmente esto se dirige. Siempre que tenemos la posibilidad de tomar conocimiento y visibilizar casos de malos tratos, apremios, vejaciones y todo tipo de abusos de autoridad, establecidos y tipificados como delitos dentro del Código Penal, las víctimas generalmente son personas jóvenes de barrios populares, personas humildes, cuyos trabajos tienen que ver con la venta ambulante o se realizan en la vía pública.

Luego de mencionar la “estigmatización de la juventud y de la pobreza, una persecución a las identidades populares que se construyen en las formas de vestirse, en prácticas de consumos culturales, en aquellos trabajos que pertenecen a la economía informal” el presidente del CPT subrayó; “Por último, para hacer una lectura completa y poder trabajar en romper estas prácticas sistemáticas, hay que remarcar la legitimación social que esto tiene en general. La tolerancia social que existe legitima las prácticas de Violencia Institucional y hace que se sigan repitiendo en el tiempo”.

ABUSOS EN

FONTANA

Asimismo, Del Balzo comentó pormenores del caso de abusos policiales en Fontana ocurrido recientemente; “Demuestra que, si bien este tipo de delitos tienen un agravante por el hecho de ser cometidos por funcionarios públicos, en los procesos y por cierta empatía judicial con las Fuerzas de Seguridad de la provincia, esa cuestión se vuelve un atenuante. Hay una clara diferencia cuando los delitos son cometidos por civiles y cuando son perpetrados por funcionarios, en el trato judicial o la celeridad que se le da a los procesos y procedimientos”.

Para Del Balzo la concesión de la prisión domiciliaria a los policías involucrados en los graves hechos de Violencia Institucional del 31 de mayo en Fontana es una muestra clara de esto. “En el trabajo por la progresividad de aplicar políticas de Derechos Humanos en el Estado Chaqueño y establecer responsabilidades por los actos delictivos sistemáticos que tienen las Fuerzas de Seguridad deja un antecedente no muy bueno, nos hace tener un retroceso en la tarea de poner todos estos mecanismos de prevención en funcionamiento” afirmó.

Cabe recordar que el 3 de marzo  pasado se realizó una reunión con los tres Poderes del Estado en el marco de una audiencia que convocó la CIDH para consultarle al Estado chaqueño cómo se estaba desempeñando en el avance o en la progresividad institucional de la aplicación de políticas de Derechos Humanos en el marco del Caso Greco. En esa reunión se firmó un acta acuerdo en donde los tres Poderes del Estado se propusieron y comprometieron a acompañar un Proyecto de Ley para la creación de la Estructura de Cargos del Comité de Prevención de la Tortura.

A modo de cierre, el representante del CPT refirió cómo se conjugan los Derechos Humanos, el trabajo diario del organismo y el contexto de pandemia y aislamiento preventivo; “El Comité recibió denuncias de diferentes actores y, luego de haber notificado de todas estas situaciones al Ministerio de Seguridad, se presentó ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) un Hábeas Corpus Colectivo y Preventivo en favor de la sociedad chaqueña. No fue en oposición a los operativos que se daban en el marco del ASPO, pero sí pidiendo que se establezcan controles al abuso que se daba en los mismos” ( Fuente: www.prevenciontorturachaco.com).

 

 

 

 

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