El dictamen favorable para modificar la Ley 24.467 y permitir que las cooperativas accedan al Certificado Mipyme fue recibido como un avance por distintos sectores del movimiento cooperativo. Pero para quienes trabajan cotidianamente con entidades autogestionadas, cooperativas de servicios y organizaciones de la economía social, el debate tiene una dimensión que excede una modificación administrativa: se trata del reconocimiento de las cooperativas como empresas y de su posibilidad de acceder en condiciones de igualdad a herramientas diseñadas para las pequeñas y medianas unidades productivas.
La Cámara de Diputados produjo el 6 de octubre un dictamen unificado en las comisiones de Pequeñas y Medianas Empresas y de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones no Gubernamentales, a partir de cuatro proyectos que proponían modificar la Ley 24.467. La iniciativa todavía debe ser tratada por el recinto y luego, si obtiene media sanción, continuar su recorrido en el Senado.
Si bien falta un largo camino, desde el sector autogestivo, Hugo Cabrera, presidente de la Federación de Cooperativas Autogestionadas de la República Argentina para Otra Economía Ltda. “Autogestión Federal” (Fedecara) , estuvo presente durante la jornada y destacó el nivel de acuerdo alcanzado.
“Hubo acuerdo entre todos”
“Lo que fuimos fue a apoyar lo que estaba ocurriendo en ese momento”, explicó Cabrera a Ansol. El dirigente señaló que el primer dato relevante fue que la reunión conjunta de las comisiones logró el quórum necesario y que estuvieron presentes representantes de distintos sectores políticos.
“Fueron todas las bancas, fueron diputados de todos: los de La Libertad Avanza, los del sector de los gobernadores, del otro sector del peronismo, fueron todos”, relató. Para Cabrera, el resultado fue especialmente significativo porque “hubo quórum y hubo acuerdo”. Según explicó, los legisladores presentes acompañaron el dictamen favorable para modificar el artículo 2° de la Ley Pyme.
“Todos firmaron el dictamen favorablemente para reformar el artículo 2°”, señaló, aunque remarcó que todavía resta que el proyecto sea tratado en la sesión de la Cámara. La experiencia, sostuvo, estuvo marcada por una discusión relativamente directa y sin grandes obstáculos dentro de las comisiones. “No fue ni larga ni tampoco engorrosa. Salió todo favorable y bien”, describió.
Cabrera también destacó que durante la jornada parlamentaria apareció de manera reiterada la referencia al papel que cumplen las cooperativas en las localidades y comunidades del interior. “Los que hablaron, los diputados que hablaron, hablaron básicamente en favor de esa postura, comprendiendo que era engorroso cómo se venía planteando”, señaló.
En particular, destacó que en el debate se puso en valor “fundamentalmente aquella actividad del interior”, en referencia al trabajo cotidiano que realizan las cooperativas en sus territorios. “Había varias empresas, varias cooperativas eléctricas, una de gas. Coninagro estaba también, un poco elogiando todo el trabajo que ocurre en los pueblos del interior”, relató.
Para el presidente de Fedecara, ese reconocimiento territorial resulta particularmente importante para el sector autogestivo, donde muchas experiencias cooperativas se desarrollan a partir de la organización de trabajadores y comunidades para sostener actividades productivas y servicios.
También mencionó el trabajo realizado por la diputada Yamila Ruiz, a quien identificó como una legisladora que acompañó especialmente las demandas de las cooperativas. El resultado, resumió Cabrera, constituye “un avance muy prometedor para el sector autogestivo también”.
Un problema que impactó directamente sobre las cooperativas
Desde otra experiencia vinculada con el movimiento cooperativo, Verónica San Martín, contadora e integrante del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC), puso el foco en las consecuencias concretas que tuvo y aún hoy tiene para las entidades la imposibilidad de tramitar el Certificado Mipyme en igualdad de condiciones.
“Creo que todos y todas consideramos que fue muy positivo lo de ayer, que fuera aprobado en la comisión, para que pase después al tratamiento en el Congreso”, señaló San Martín a Ansol. Para la especialista, el objetivo es que las cooperativas puedan tramitar el certificado “en forma clara e igualitaria con el resto de las entidades, empresas”, de acuerdo con su facturación y con las características de la propia organización.
San Martín cuestionó particularmente que, bajo el esquema anterior, se introdujeran consideraciones vinculadas a la situación de cada asociado o asociada para determinar el acceso de la cooperativa al certificado. “Que por su facturación sean o no Mipyme y no que tenga que ser considerada hacia adentro si cada asociado o asociada tiene el certificado o no”, explicó.
Beneficios que quedaron fuera del alcance cooperativo
La contadora recordó que el problema comenzó a tener un impacto especialmente fuerte desde el año pasado, cuando dejaron de prorrogarse determinados mecanismos que permitían a las cooperativas acceder a los beneficios vinculados con la certificación. “Fue muy, muy negativo lo que pasó con las cooperativas desde el año pasado, desde mayo del año pasado”, afirmó.
Según explicó, mientras las cooperativas pudieron contar con el Certificado Mipyme tuvieron acceso a herramientas que les permitían, entre otras cuestiones, prorrogar por 60 días el pago del IVA, acceder a beneficios relacionados con las cargas sociales y computar determinados porcentajes del impuesto sobre los débitos y créditos bancarios.
“Ya no pudieron ni hablar en esta situación del país”, sostuvo San Martín al referirse a la pérdida de esas herramientas. Por eso consideró que la modificación de la legislación resulta “indispensable y urgente”.
San Martín también señaló que existen diferencias en el tratamiento del impuesto sobre los débitos y créditos bancarios vinculadas con la condición Mipyme y que las cooperativas con empleados en relación de dependencia pueden verse perjudicadas mientras no cuentan con el certificado. “Así que nuevamente, mientras no tengan el certificado Mipyme, se ven perjudicadas”, afirmó.
Una construcción colectiva
Más allá del efecto administrativo y tributario, San Martín destacó que el dictamen es resultado de una construcción colectiva del propio movimiento cooperativo. “Creo que el sector cooperativo viene trabajando mucho para que esto pase. No es una casualidad”, afirmó.
La dirigente rechazó la idea de que se haya abordado el tema simplemente por iniciativa legislativa y destacó la tarea desarrollada por las organizaciones del sector para llevar el reclamo hasta el recinto. «No es que el Congreso lo trató porque sí, sino porque el sector cooperativo intentó por todos los medios que esto llegara al Congreso”, señaló.
En ese proceso, destacó especialmente la articulación entre cooperativas, federaciones y confederaciones, junto con el trabajo realizado con diputados y diputadas que impulsaron los distintos proyectos.
“Es fundamental lo que pasó. Habla de uno de los principios cooperativos, que es el trabajo entre las cooperativas, entre las federaciones y las confederaciones”, planteó. Y agregó: “Se trabajó junto con los diputados y diputadas que presentaron esto en la comisión y ayer se aprobó”.
Las declaraciones de Cabrera y San Martín ponen en primer plano una dimensión que atraviesa al debate por el Certificado Mipyme: la necesidad de que las herramientas de política productiva y tributaria contemplen la especificidad de las empresas cooperativas sin convertir su ausencia de finalidad lucrativa en una barrera de acceso.
Para el sector autogestivo, el reconocimiento tiene además una dimensión vinculada con la posibilidad de sostener proyectos productivos construidos por trabajadores y comunidades. Para las organizaciones de servicios, agropecuarias y de crédito, la discusión alcanza a entidades que funcionan como empresas pero tienen una estructura de propiedad y gobierno diferente de las sociedades comerciales tradicionales.
El dictamen producido por las comisiones de Diputados representa, en ese sentido, un primer resultado legislativo de una demanda que las organizaciones cooperativas vienen llevando al Congreso desde distintos espacios. Ahora resta la discusión en el recinto y, eventualmente, en el Senado. Mientras tanto, para quienes trabajan cotidianamente con las cooperativas, el avance tiene un significado que va más allá de un certificado: que las empresas cooperativas puedan ser reconocidas por su escala y actividad productiva y acceder a las mismas herramientas que el resto de las pequeñas y medianas empresas, sin que su forma jurídica se convierta en una desventaja.
