El bloque Peronismo para la Victoria presentó un proyecto de ley para “promover y proteger el derecho a la protesta social y las manifestaciones públicas que se realicen en todo el territorio de la República Argentina”.
El proyecto de ley tendrá el nombre de “Kosteki y Santillán”, asesinados por la policía en Avellaneda en 2002. La iniciativa de los legisladores que representan al Movimiento Evita en Diputados plantea tres ejes principales: resguardar el derecho a la protesta, la creación de una comisión bicameral de seguimiento, y criterios sobre la actuación de las fuerzas de seguridad.
Durante una rueda de prensa en el Salón Pasos Perdidos donde se anunció, el diputado Leonardo Grosso aseguró que el proyecto “plantea la protección de un derecho básico” como es la protesta. “Estamos muy preocupados por la situación de la pobreza y exclusión”, agregó.
El jefe de la bancada señaló que “el Gobierno la única propuesta que está ensayando es la repuesta represiva. Y esa no es una salida y empeora las cosas. Está subiendo el tono”, denunció. “Esta ley tiene que ser una válvula de escape institucional, para evitar casos de represión”, continuó el legislador.
Por su parte, el referente de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, se refirió a las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien acusó de que “no se termina haciendo cargo de las consecuencias de los procedimientos” y “le gusta vender humo, le gusta el marketing”.
Como publicó el parlamentario.com, la propuesta indica que se deben disponer medidas de protección durante las manifestaciones, sobre todo para preservar a mujeres, niños, adolescentes y periodistas. “El ejercicio del derecho a la protesta no deberá ser supeditado a la obtención de autorización previa por parte de las autoridades estatales”, establece en uno de sus artículos.
Además exige que “el Estado garantice la presencia de servicios médicos y/u otras medidas sanitarias que sean necesarias durante la realización de la manifestación”.
En concordancia con protocolos y leyes que deberían estar vigentes, uno de los artículos de este proyecto dispone la prohibición de armas de fuego “para todo el personal policial que pudiera entrar en contacto directo con los manifestantes”.
En cambio, el artículo 11 tiene otra exigencia que seguramente será la más debatida. Se insta a declarar “la amnistía de todas las personas incursas en delitos cometidos a raíz del ejercicio del derecho a la protesta y a la manifestación pública, de acuerdo a lo prescripto en la presente ley y que fueran producidas a partir del 10 de diciembre del año 2001”.
