En dialogo con elDIARIO de la Región, la referente de AMMAR, Georgina Orellana, detalló que desde el taller se plantearon cuatro puntos básicos: “La necesidad del reconocimiento del trabajo sexual, salir de la clandestinidad, acceder a derechos sociales (como obra social y jubilación) y la derogación de todas las normativas que criminalizan la labor, que otorga poder a la Policía, que de forma arbitraria persigue, hostiga, detiene y coimea a las compañeras”.
Definida como “puta feminista”, Orellana sostiene que a pesar de haber logrado una mayor visibilización hacia el trabajo sexual, todavía existe mucho desconocimiento. “Históricamente, han sido otras personas las que han hablado por nosotras y hace poco comenzamos a interpelar a esas personas y poner en agenda pública de los medios los problemas de las trabajadores sexuales, pero por sobre todo, a corrernos un poco del discurso hegemónico que nos ubicó en el lugar de víctimas”, señaló.
Más allá de los roces con el feminismo abolicionista, que enmarca el trabajo sexual como la esencia del patriarcado y la explotación de la mujer, Orellana considera un éxito concretar estos talleres, discutir y poner en la agenda del XXXII ENM el estigma hacia las trabajadoras sexuales. “Para nosotras, es un logro poner en agenda este tema, tener un taller coordinado por trabajadoras sexuales donde se abre la posibilidad de discutir y que muchas puedan venir a escuchar en primera persona nuestras experiencias, nuestras voces”, precisó.
SITUACIÓN LEGAL
Mujeres trans, sujetas de derechos y con el enfático pedido de respeto hacia las decisiones sobre sus cuerpos, AMMAR también intentan instalar en la agenda política las medidas necesarias para que el Estado argentino deje de criminalizar su trabajo.
Aunque el trabajo sexual no es ilegal en Argentina, todos los lugares donde se ejerce u oferta los servicios están penalizados y criminalizados por leyes que sancionan la actividad. Por ello, buscan la derogación de los artículos contravencionales y todas las normativas que criminalizan o penalizan el ejercicio del trabajo sexual en la vía pública. Una ley de reconocimiento de derechos que habilita el acceso a cobertura social y aportes jubilatorios. Que se revise la ley N° 26842 de trata de personas aprobada en 2012, porque equipara trata y trabajo sexual.
“Somos putas feministas porque nos salimos de las normas, porque disputamos nuestro lugar en el feminismo y apostamos por la construcción de un movimiento diverso e inclusivo que no deje afuera a nadie”, afirman desde AMMAR.
