A través de un documento firmado por Alejandra Gómez, María del Carmen Seveso y Ana Lía Otaño, coordinadoras de la Red de Salud “Ramón Carrillo”, y María Ángelica Kees, integrante de la del Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias (IIFA), se dio a conocer los resultados del informe de la Subsecretaría de Ambiente y Biodiversidad sobre la detección de residuos de glifosato en muestras de aguas tomadas en Napenay y Campo Largo.
El comunicado revela que “la Subsecretaría de Ambiente intervino con motivo de denuncias formuladas por familias afectadas por fumigaciones terrestres y aéreas con agrotóxicos, en cercanías de sus viviendas o chacras, y hasta sobrevoladas durante las fumigaciones”.
El informe señala que se encontraron “trazas de glifosato” en la muestra “de agua del tanque de la denunciante”, en Napenay, y que “las muestras tomadas marcaron trazas de glifosato”, en Campo Largo (en este último no precisa si en la muestra tomada del aljibe, del pozo o de la represa, de los lotes de las familias denunciantes)”.
Cabe destacar que las denuncias y procedimientos tienen al menos cuatro meses a la fecha del informe de la Subsecretaría, que data de junio, “pese a ello, ninguna de las personas denunciantes fue comunicada de los resultados; ni ellas ni sus vecinos, que por las cercanías serían afectados, fueron advertidos de no consumir agua por su posible contaminación con agrotóxicos. No constan informes de relevamientos del estado de salud de la población; mientras que entre las familias denunciantes hay casos de enfermedades crónicas graves (ejemplo cánceres, insuficiencia renal y otros), informadas oportunamente a los agentes actuantes. El glifosato es un herbicida no selectivo, de amplio uso agrícola”, advierten.
Las referentes de la Red también recuerdan que según las investigaciones publicadas por la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC), organismo especializado de la OMS: “Hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos (linfoma no Hodgkin)”; por otra parte también se demostró que el herbicida “causa daño a los cromosomas produciendo cambios en el ADN de las células humanas”. A diez años de la medida cautelar dictada en el caso de las arroceras de La Leonesa y Las Palmas, que estableció restricciones a las fumigaciones terrestres y aéreas y ordenó monitoreo del agua y control del estado sanitario de la población; a ocho años de la creación de la Subsecretaría de Ambiente y de vigencia de la ley de biocidas 2026-R (antes 7032); la actuación de los organismos del estado en la tarea preventiva resulta insuficiente, y en el proceso de intervención en las denuncias también”.
Además, aclaran que “el fin de la denuncia va más allá de poder identificar a los responsables de las fumigaciones ilegales, para que sean sancionados; pretende activar el sistema estatal para que se hagan efectivos los derechos a la protección de la salud y a la conservación y preservación del ambiente; así, evitar que repitan estos hechos. Que se detecten los focos de contaminación y se adopten medidas para proteger la salud, relevar las enfermedades de la población expuesta y garantizar su seguimiento. Pese a las pérdidas que sufren a diario estas familias no persiguen un resarcimiento económico, sólo reclaman que se respete el derecho a producir sus alimentos y a vivir en un ambiente saludable. La contaminación ambiental que desde hace ya, varias generaciones, ataca directamente a campesinos y a numerosos poblados de Chaco, no solo destruye el ambiente del territorio para sus pobladores hoy, sino que también los destruye para las generaciones que vienen. Las afecciones que causan y las huellas que dejan, dañan directamente y en gran medida a todas las formas de vida y las culturas propias de la Provincia”.
Y, advierten a los que sufren este tipo de agresiones, que son los fumigados con agrotóxicos que puedan poner en peligro de contaminación el agua, el suelo y el ambiente en general, que además de hacer la denuncia, deberán dejar de consumir agua y productos expuestos, y requerir, en forma urgente al Municipio y/o la Subsecretaría de Ambiente y Biodiversidad, el suministro de agua segura para consumo humano, además de las actuaciones pertinentes”.
Por último, las profesionales ambientalistas integrantes de La Red interpelan “al Estado, en sus distintos poderes y estamentos, una respuesta acorde a la cualidad de los derechos humanos involucrados”.
