La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) denunció que en los primeros días de gobierno de Javier Milei están viendo “el impacto de políticas represivas” con más de 60 muertes por violencia desde el Estado y advirtió que “los intentos de censura sobre los medios públicos van a afectar la recopilación de casos”.
Al realizar el acto anual de presentación del Archivo de personas asesinadas por el Estado, Correpi advirtió que el gobierno de Milei podría convertirse en el más represor desde la última dictadura, con más de 60 casos desde que comenzó la actual gestión.
Verdú explicó que llegaron a esa cifra en base a denuncias de familiares y hechos difundidos en medios de comunicación, pero todavía no realizaron el informe oficial.
En ese sentido, Verdú repudió “los intentos de censura del actual gobierno sobre los medios públicos” que afecta “de manera central esta tarea de recopilación de casos porque no es precisamente la prensa comercial de donde obtenemos información, sino de los medios públicos que cubren todo el país”.
Asimismo, comparó los casos de violencia institucional durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) y Alberto Fernández (2109-2023).
Juntos por el Cambio tuvo un “incremento significativo de casos respecto de años anteriores”, indicó y manifestó que “no es menor la intervención de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad en esa gestión”.
La presidencia de Macri “se consolidó como el gobierno más represor desde la última dictadura cívico militar eclesiástica, aunque la proyección que podemos hacer con los datos recolectados durante los primeros 70 días del gobierno de LLA indica que la gestión de Milei y Victoria Villarruel los va a dejar en el segundo escalón del podio”, aseveró la referente de Correpi.
En cuanto al gobierno del Frente de Todos, Verdú celebró que en una primera etapa desde el gobierno de Fernández hubo “medidas que indicaron leves descenso de casos de gatillo fácil” y “se derogan los protocolos de Bullrich”.
“Inmediatamente irrumpe la pandemia y las medidas sanitarias fueron dejadas en manos de las fuerzas de seguridad para garantizar su implementación”, lo que generó “crecimiento de casos gatillo fácil a pesar de que bajó mucho la cantidad de gente circulando en la calle”, señaló.
Y recordó que “nuevamente tuvimos que salir a denunciar desapariciones forzadas a manos de las fuerzas de seguridad como la de Facundo Astudillo Castro”, ocurrida en 2020 cerca de Bahía Blanca.
Finalmente, destacó la necesidad de que se prohíba la portación del arma reglamentaria fuera de servicio, el cumplimiento de la sentencia Bulacio sobre detenciones arbitrarias y el cese del abuso de la prisión preventiva, entre otras medidas.
“Sabemos que reclamarle el cumplimiento de cualquiera de estas medidas al gobierno del ajuste, del gatillo fácil, de la represión es absurdo pero no por eso vamos a bajar las banderas ni dejar de decir lo mismo que venimos diciendo hace décadas. El objetivo es que estos reclamos tomen encarnadura en el cuerpo social y se conviertan en una demanda social”, expresó.
En tanto, la diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman indicó que “mientras hablamos están reprimiendo en el Gaumont”, donde había una protesta contra el desfinanciamiento del cine nacional y aseveró: “El ajuste no pasa sin represión”.
Además, llamó a que el 24 de marzo haya una “enorme movilización, que discutamos las ideas negacionistas del Gobierno, contra la represión permanente, porque la única medida efectiva contra la represión que tenemos es la masividad”.
Por su parte, la diputada de Unión por la Patria Natalia Zaracho cuestionó la ausencia del Estado en los barrios: “¿Qué pasa cuando los pibes no están en los clubes, en las escuelas, cuando sufren violencia en sus casa, quién los abraza? Las organizaciones sociales que están en el territorio”.
