En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el foco global se centra en la urgencia de «Fomentar sociedades inclusivas para impulsar el progreso social», el tema designado por las Naciones Unidas para 2025. Este llamado mundial contrasta con la preocupación latente en Argentina ante los recientes ajustes, recortes y la amenaza de eliminación de derechos que afectan a este colectivo.
La ONU y sus líderes, reafirmando el compromiso de la Segunda Cumbre Mundial para el Desarrollo Social, subrayan que el progreso social es imposible sin la inclusión plena de las personas con discapacidad. Sin embargo, en todas las regiones, este grupo se enfrenta a importantes obstáculos:
Pobreza: tienen una mayor probabilidad de vivir en la pobreza.
Discriminación Laboral: Aún sufren discriminación, lo que se traduce en salarios más bajos y una sobre-representación en el sector de la economía informal.
Protección Social Inadecuada: Los sistemas de protección son desiguales, no cubren los costes adicionales de la discapacidad y, con frecuencia, excluyen a quienes trabajan en el sector informal.
Dignidad y Autonomía: Muchas personas experimentan una continua negación de su dignidad, autonomía y capacidad de acción en los sistemas de atención y apoyo.
La inclusión de las personas con discapacidad debe ser un componente inalienable de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, siendo indispensable en todos los aspectos de la vida social, económica, cultural y política.
Para impulsar un progreso sostenible, el Secretario General, António Guterres, lanzó en 2019 la Estrategia de las Naciones Unidas para la Inclusión de la Discapacidad.
En 2025, el Secretario General presentó su sexto informe sobre la aplicación de esta Estrategia, reseñando los avances logrados, destacando los retos persistentes y esbozando las áreas clave en las que debe centrarse el sistema de la ONU para seguir promoviendo un mundo más accesible y sostenible para todos.
Preocupación por recortes en Argentina
Mientras el mundo conmemora esta fecha con un enfoque en la inclusión, en Argentina las personas con discapacidad, sus familias y las organizaciones que las representan expresan profunda alarma.
El contexto de ajustes económicos y políticas de austeridad implementadas a nivel nacional ha generado una serie de medidas que impactan directamente en los derechos adquiridos, incluyendo:
Reducción o retraso en la cobertura de tratamientos médicos, rehabilitación, transporte y tecnologías de apoyo, esenciales para la autonomía.
Ajustes presupuestarios que amenazan la sostenibilidad de las instituciones y prestadores de servicios de apoyo, poniendo en riesgo la calidad y continuidad de la atención.
Incertidumbre sobre la continuidad de programas y subsidios destinados a garantizar la igualdad de oportunidades y la inclusión social.
Las organizaciones de la sociedad civil han advertido que la eliminación o recorte de estos derechos y servicios no solo vulnera la dignidad de las personas con discapacidad, sino que también contraviene los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), a la que Argentina adhirió con rango constitucional.
