Los principales sindicatos docentes realizaron una conferencia de prensa conjunta en la que rechazaron el dictamen del procurador general Jorge Canteros, que cuestiona la vigencia de la cláusula gatillo, y anunciaron un plan de acción gremial ante lo que calificaron como una crisis salarial que “no da para más”.
La conferencia fue encabezada por Rosa Petrovich (ATECH), Eduardo Mijó (Federación Sitech) y Carlos Cuevas (UTrE CTERA), quienes coincidieron en denunciar el incumplimiento del artículo 47 del Estatuto del Docente, que establece la obligación del Estado provincial de garantizar la actualización del salario docente a través de la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo.
Según expresaron, la cláusula gatillo docente es el mecanismo que históricamente permitió cumplir con ese mandato legal y constitucional, y su interrupción durante 2025 provocó una pérdida del poder adquisitivo de los salarios. En ese marco, cuestionaron con dureza el dictamen de la Procuración, al que acusaron de desconocer la ley vigente y de intentar “blindar judicialmente” los incumplimientos del Gobierno provincial.
“Resulta llamativo que en plena feria judicial se emita un dictamen que apunta directamente contra un derecho conquistado por la lucha docente”, señalaron, y advirtieron que la Cámara Laboral, especializada en la materia, ya había reconocido la vigencia de la cláusula como un derecho adquirido tras varios años de aplicación.
Advertencia por el inicio del ciclo lectivo
Durante la conferencia, los referentes sindicales alertaron que, de no haber respuestas concretas, el inicio del ciclo lectivo 2026 podría verse seriamente afectado. Si bien no detallaron aún las modalidades de las medidas de fuerza, confirmaron que el escenario que se avecina es el de un año conflictivo, con clases “en riesgo”.
En ese sentido, anunciaron una movilización docente para el martes 3, a partir de las 9 de la mañana, con concentración en la sede del INSSSEP, en la esquina de López y Planes y 9 de Julio. Allí presentarán un documento en reclamo de la normalización del sistema de salud y previsional, para luego trasladarse al Superior Tribunal de Justicia, donde exigirán definiciones “independientes del poder político”.
Los sindicatos también vincularon el deterioro salarial con otras decisiones oficiales, como el aumento de aportes al Fondo de Alta Complejidad y los incrementos en tarifas de servicios públicos, al sostener que el ajuste recae sobre los trabajadores en un contexto de salarios depreciados.
Fuente: Perfil NEA
