Al comienzo de la entrevista, y ante la pregunta de su opinión sobre el decreto, el abogado citó el artículo Nº99 inciso Nº3 de la Constitución Nacional (que es el que regula las facultades del presidente de la Nación). En su segundo párrafo dice que “en ningún caso el Poder Ejecutivo nacional bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”. Esto se excepciona en el siguiente párrafo invocando la factibilidad de decretos de necesidad y urgencia, solamente cuando hay situación que no posibilita el trámite normal de debate y sanción normal de las leyes.
Sin embargo, Barcesat sostiene que no había necesidad de aquello ya que no había ninguna necesidad y urgencia porque el presidente había anunciado tras asumir su cargo que iba a convocar a sesiones extraordinarias desde el 11 de diciembre hasta el 1 de marzo.
También, sostuvo que quebranta el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, artículo Nº36. Expresa que allí “no solo se condena a los golpes de estado que han azotado nuestra historia institucional, sino que sanciona cuando algún poder con legitimidad de origen transgrede los limites pactados de sus incumbencias personales para avanzar y usurpar potestades que les corresponden a otros de los poderes del gobierno federal”, explicó.
“Ahora corresponde que el Congreso de convoque porque tiene la potestad de hacerlo. Sesione y saque una ley de un solo artículo sustancial que diga que declara la nulidad absoluta por su inconstitucionalidad e ilegalidad manifiesta del DNU publicado en el boletín oficial. Nada más”, manifestó el abogado.
En ese sentido, agregó que “esto sería ponerlo en su lugar al presidente, recordándole lo que es incumbencia y potestad exclusiva del Congreso de la Nación. Y con esto también frenaría la amenaza de que van a venir con más. Cuando vengan con más, ya van a tener el juicio político en marcha por mal desempeño y posible comisión de delito en el ejercicio de la función pública”, señaló.
Asimismo, recordó que el mismo artículo Nº36 le reconoce al pueblo argentino el derecho de resistencia frente a los actos de violencia constitucional, de manera que no hay protocolo alguno que pueda impedir que el pueblo de la Nación gane las calles y reclame la anulación de este decreto.
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