En el marco del pedido de juicio político que pesa contra el ministro de Infraestructura, Fabián Echezarreta, por la causa Lavado I, la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados recibirá este martes al funcionario quien tendrá la oportunidad de defenderse.
El diputado del PJ y presidente de la Comisión Investigadora, Ricardo Sánchez, explicó a Radio Ciudad que durante la mañana tomarán declaraciones testimoniales, reunirán más pruebas y por la tarde, escucharán al funcionario Fabián Echezarreta.
Sánchez recordó que el martes, se resolvió con la Comisión Investigadora producir varias pruebas a instancias del ministro, teniendo en cuenta tres declaraciones. Destacándose las de Mercedes Edith Romero, trabajadora de varios años del Ministerio y que conoce de los trámites; Oscar Leandro Brugnoli y otra agente de Infraestructura, Lorena Sánchez.
El edil agregó que se ha librado oficios al Registro de Constructores, para conocer sobre las dos empresas sometidas a investigación, sobre su capacidad operativa, conformación y demás cuestiones.
7 DE AGOSTO: EL DICTAMEN
Para el legislador chaqueño, la investigación estaría contemplada con todo lo realizado y se citaría a una próxima reunión para emitir dictamen, la que se produciría después del receso (de invierno). “Entiendo que para después del 7 de agosto estaríamos en condición de dar por concluida la investigación”, comentó.
LAVADO I
Cabe recordar que Echezarreta está acusado de ser coautor del delito de “lavado de dinero agravado por habitualidad, por ser miembro de una banda, en calidad de partícipe necesario”.
Además, se lo acusa de varios delitos precedentes a éste, entre los que se cuentan: negociaciones incompatibles con la función pública en calidad partícipe necesario; asociación ilícita, en calidad de autor; enriquecimiento ilícito, en calidad de partícipe necesario; fraude en perjuicio de la administración pública, en calidad de autor e incumplimiento de deberes de funcionario público.
En la imputación, el fiscal Patricio Sabadini acusó a Echezarreta de formar parte de un esquema de corrupción que habría utilizado como mecanismo “la creación de empresas y sociedades –integradas por familiares y amigos- para proveer bienes y servicios al Estado provincial, concretándose presuntas maniobras fraudulentas en perjuicio del erario público y negociados irregulares e incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, que reportaron enormes ganancias ilícitas para sus partícipes durante un importante lapso de tiempo que comprende desde fines del año 2015 hasta la actualidad”.
