Tres días después de un motín en una prisión de Guayaquil que dejó al menos 118 presos muertos, seis de ellos decapitados, la Policía asumió el jueves por la noche el control de esa penitenciaría, anunciaron fuentes oficiales, mientras familiares de las víctimas deambulaban por el lugar en búsqueda desesperada de información sobre el paradero de sus parientes.
«Todo está tranquilo, ellos (los reclusos) están en las celdas. No es que los pabellones están tomados por ellos», expresó la comandante de la Policía, general Tannya Varela, en declaraciones a la prensa en la penitenciaría luego de liderar un operativo con la intervención de 900 agentes.
Los pabellones «no están tomados. Nosotros estamos ingresando normalmente», enfatizó la funcionaria, citada por la agencia de noticias AFP.
Entretanto, la desesperación aumenta fuera de la morgue de Guayaquil, donde decenas de personas reclaman a gritos información sobre sus familiares.
La angustia crece con las versiones que circulan entre ellos: que los cuerpos están desmembrados, quemados e irreconocibles, y que las autoridades todavía no retiran todos los cadáveres de la prisión.
El motín comenzó el martes, cuando reclusos de bandas rivales, con nexos con el narcotráfico mexicano, se enfrentaron con armas de fuego.
Varela señaló que la Policía decomisó ayer tres pistolas, 435 municiones, 25 armas blancas y tres artefactos explosivos. Dos policías también resultaron heridos en el amotinamiento.
La Defensoría del Pueblo reportó «118 personas fallecidas, 86 heridas, de ellas seis de gravedad y 80 leves».
El miércoles, el presidente Guillermo Lasso declaró el estado de excepción en el sistema penitenciario nacional, con lo que suspendió derechos a los presos y habilitó el ingreso de militares.
Tanquetas y decenas de militares estuvieron apostados durante toda la jornada del jueves en los alrededores de la cárcel, donde centenares de familiares buscaban información sobre sus parientes.
La Asamblea Nacional (parlamento) aprobó una resolución para pedir la presencia de la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, y del titular del Servicio de Atención a Privados de Libertad (SNAI), Bolívar Garzón, en el lugar de la masacre.
Ni Vela ni Garzón forman parte de la gestión de Lasso desde la asunción del jefe del Estado a fines de mayo: la ministra llegó al cargo a mediados de julio en reemplazo de César Monge, y Garzón asumió en el SNAI justamente el martes, en lugar del exasambleísta Fausto Cobo.
Ecuador, con 65 prisiones para 30.000 personas, afronta desde hace varios años una crisis carcelaria a causa de una superpoblación de 30%, falta de guardias, reducción de presupuesto, corrupción y una guerra entre bandas criminales con miles de miembros y vínculos con el narcotráfico mexicano y colombiano.
En lo que va de 2021, las revueltas dejaron 237 muertos y 166 heridos.
Solo en febrero murieron 79 presos en amotinamientos simultáneos en cuatro prisiones de tres ciudades. Entonces circularon imágenes de cuerpos desmembrados e incinerados.
Ecuador, con 65 prisiones para 30.000 personas, afronta desde hace varios años una crisis carcelaria a causa de una superpoblación de 30%.
