Los miembros y el personal del Comité de Prevención de la Tortura, Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes (CPTCh) comunicaron su solidaridad con Sandra Saidman, titular de la Asociación Pensamiento Penal (APP), ante las declaraciones vertidas en una entrevista radial por el fiscal Antidrogas Sergio Cáceres Olivera.
Según plantearon desde la entidad, en la mencionada conversación mantenida con periodistas de Radio Provincia de Chaco, Olivera incurrió en “comentarios, opiniones y conceptos cargados de prejuicios y desde una perspectiva absolutamente discriminatoria hacia ‘determinados sectores’ de derechos humanos y particularmente hacia Saidman, conocida jueza y defensora de los derechos humanos”.
Desde el Comité, recordaron que en momentos de debatirse el proyecto de creación del Fuero de Narcomenudeo, el CPTCh bajo la Presidencia de Mario Bosch, con referentes del Ministerio Público Provincial y la Asociación de Magistrados de Chaco, entre otros, se opusieron a su creación por muchas razones y argumentos que no son hoy objeto del debate; pero, sí en lo referente a la idoneidad de los funcionarios públicos que ostenten la responsabilidad de conducir un área que básicamente criminaliza la pobreza, estigmatizando a personas consumidoras que no forman parte de redes de narcotráfico y que su tratamiento debe abordarse desde la salud pública mediante criterios respetuosos de los DD. HH.
ESTIGMATIZACIÓN
“Desde ese lugar, la APP, y particularmente Saidman, han sentado posiciones públicas que a nuestro entender ninguna de ellas son objeto ni fundamento para que cualquier fiscal, devenido por motu propio en ‘representante de la comunidad’, lance al aire acusaciones que vulneran derechos de personas y colectivos sociales, incurriendo en conceptos que estigmatizan” y “sobre los cuales se violan esos derechos dentro de este nuevo sistema de persecución, que es la Ley de Narcomenudeo, sectorizándose en los estratos sociales más vulnerables y sobre todo en las/los jóvenes de bajos recursos”, precisaron. En ese sentido, manifestaron su “preocupación ante el acrecentamiento del problema de las personas en contacto con el narcomenudeo, pero a partir del consumo personal”.
Por último, remarcaron que en Chaco “el respeto a los derechos humanos es una política de Estado que se generó por numerosos procesos históricos de lucha e institucionalización de los mismos, por lo tanto entendemos que Cáceres Olivera debería rever sus manifestaciones públicas y conceptos vertidos hacia Sandra Saidman, por que no se trata de la agresión a una persona, sino a toda la sociedad, que merece el desagravio ante prejuiciosas y erróneas opiniones”.
