El Estado provincial, a través de la Secretaría de DD. HH., se constituyó como querellante en la causa penal denominada Grecco II, por la privación ilegítima de la libertad, las vejaciones y encubrimiento cometidos por parte personal policial de esta Provincia en perjuicio de Juan Ángel Greco, hecho ocurrido en la medianoche del 24 de Junio de 1990, en el Barrio 500 Viviendas, de Barranqueras. La medida se concretó ayer, mediante la disposición del decreto Nº 2715/16 rubricado por el gobernador, en el marco del informe “Solución amistosa Juan Ángel Greco, Argentina” del 22 de octubre de 2003 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Greco fue detenido el 25 de junio de 1990 en el centro comercial del barrio 500 viviendas, en Barranqueras, y murió por las heridas sufridas cuando su celda se incendió, en la comisaría de Puerto Vilelas. Luego de 21 años de impunidad, en 2012 fueron condenados dos policías, a un año y 10 meses de prisión en suspenso, por incumplimiento de deberes de funcionario público; otros dos fueron absueltos. Los imputados en la presente causa son Amado Brigido Gómez, Jorge Antonio Gonzáles, Adolfo Valdez, Ramón Brunet, y Francisco Gonzáles.
En la “Solución Amistosa Juan Ángel Greco, Argentina” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Gobierno de la Provincia del Chaco, en el marco de sus competencias se comprometió a instar la reapertura de Ia causa penal y las investigaciones correspondientes (….) a asegurar el acceso de los familiares de la víctima a las investigaciones judiciales y administrativas (…) y a continuar impulsando medidas legislativas y administrativas para una mejor protección de los Derechos Humanos.
El Gobernador de la provincia encomendó esta tarea (la constitución en Querellante en la causa Greco II) a la Secretaria de Derechos Humanos como órgano instituido por Ley Nº 7738 (t.v.), se halla legitimada para representar y dar respuesta del Estado Provincial a las demandas de prevención y protección integral de derechos humanos y la solución legítima de conflictos sociales. Intervenir en todo lo concerniente a la elaboración, ejecución y seguimiento de las políticas de promoción y protección de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, comunitarios y los derechos de incidencia colectiva en general. Entender en la observación activa, el seguimiento y la denuncia de casos y situaciones relativos a los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, comunitarios y de incidencia colectiva, conjuntamente con los organismos nacionales, provinciales, municipales y organizaciones de la sociedad civil.Es así como Juan Carlos Goya, titular de la cartera deDDHH, con el patrocinio del abogado Paulo Pereyra, dependiente del mismo organismo, se presentaron en la causa reseñada pidiendo la elevación a juicio.
