Entró en la etapa final la causa que juzga crímenes de lesa humanidad en la VII Brigada de Corrientes, ocurridos durante la última dictadura cívico-militar. Radio UNNE dialogó con Guadalupe Arqueros, quién brindó su testimonio en carácter de sobreviviente. Fue secuestrada a los diez días de vida junto con su madre, y su padre continúa desaparecido: “Es una instancia muy reparadora porque uno siente que el Estado viene a explicarle a uno qué es lo que sucedió y le pide explicaciones”.
En el Tribunal Oral Federal de Corrientes se lleva adelante desde agosto el juicio “VII Brigada de Infantería”, que busca determinar las responsabilidades de diez exmilitares y gendarmes por crímenes de lesa humanidad cometidos en la provincia durante la última dictadura cívico-militar. Se juzgan delitos de asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad, aplicación de tormentos y homicidios que tuvieron como víctimas a 104 personas.
“Se hicieron muchos juicios en Corrientes, pero este tiene la característica de que también se ponen a consideración no sólo las víctimas directas, sino también a todas las víctimas secundarias y familiares cercanos; hijos, niñas, hermanos, padres ya fallecidos. Las consecuencias a mediano, corto y largo plazo de estos crímenes”, explicó Arqueros y señaló la oportunidad de prestar testimonio como una instancia reparadora.
Guadalupe nació el 30 de marzo de 1976, seis días después de que se efectivizó el golpe militar. El 10 de abril fue secuestrada junto a su madre Judith Casco, quién permaneció 5 años detenida. Su padre, Joaquín “Bocha” Arqueros, permanece desaparecido. El allanamiento sin orden judicial y posterior privación ilegítima de la libertad tuvo lugar en el domicilio familiar por parte de un grupo de tareas que vestían ropas de civil y se movilizaban en un auto sin identificación oficial.
“Estaba en la casa de mis abuelos, con mi mamá. Estaban presentes mi tío Walter, mi hermano Joaquín. Nos llevan secuestradas, porque no es estrictamente detenida porque si uno está detenido le explican por qué. Esto fue un secuestro, nos llevaron al Regimiento de Infantería Nº 9”, explicó. Guadalupe permaneció en brazos de su madre durante el interrogatorio de los militares, de quienes recibió amenazas de que su hija de dos semanas de vida sería también torturada.
Posteriormente, madre e hija fueron llevadas al Instituto Monseñor Pelletier donde permanecieron hasta el 20 de octubre: “Ahí nos separan, a mi mamá la llevan a la cárcel de Devoto y yo quedo al cuidado de mis abuelos maternos, mientras que mi hermano de 6 años queda con mis abuelos paternos”. El reencuentro familiar no se concretó hasta 1981.
REPARACIÓN SOCIAL
La VII Brigada de Infantería investiga el circuito represivo de la dictadura en la ciudad capital a partir de una serie de centros clandestinos de detención y exterminio de personas, como la actual Jefatura de la Policía de Corrientes y el emblemático ex Regimiento de Infantería 9 de Corrientes, en la actualidad recuperado y señalado como Espacio de Memoria gracias a los esfuerzos de organizaciones de derechos humanos locales.
Desde la descripción de olores y colores, hasta las secuelas médicas de la experiencia transitada de niña han sido de relevancia durante el testimonio que brindó Guadalupe. Durante los meses que permaneció secuestrada se le negó el acceso a la atención sanitaria, lo que derivó en una otitis mal curada y problemas pulmonares que fueron tratados a posterioridad, durante su adolescencia.
“Hay muchas cifras que se conocen sobre la dictadura y ahora salen a la luz otros horrores, historias más pequeñas pero que quebraron como un rayo a las familias. Hay que hacer algo con la elaboración de esos traumas a nivel individual, y mucho mejor a nivel social a través de la Justicia”, consideró.
El juicio ingresó en una etapa de definiciones, con los alegatos de la fiscalía y de la querella, que iniciaron ayer para continuar mañana con las respuestas de las defensas. Es el décimo juicio por crímenes de lesa humanidad que se realiza en la vecina provincia y el de mayor cantidad de víctimas y de acusados.
Están imputados a el teniente coronel del Ejército Alfredo Farmache, el general de brigada Eduardo Antonio Cardoso, el capitán Juan Carlos Demarchi, el sargento ayudante de Gendarmería Pedro Armando Alarcón, el comandante principal de Gendarmería Abelardo Palma y su par Raúl Reynoso. También los coroneles del Ejército Abelardo De la Vega, Raúl Harsich y Horacio Losito.
