El Gobierno nacional adjudicó la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay al consorcio integrado por la empresa belga Jan De Nul y la firma argentina Servimagnus, completando así el proceso de privatización de la principal vía navegable del país.
La decisión fue oficializada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), que dio por finalizada la licitación iniciada a fines de 2025. El contrato tendrá una duración de 25 años y contempla tareas de dragado, redragado, señalización y mantenimiento de la denominada Vía Navegable Troncal.
La hidrovía es considerada una infraestructura estratégica para la economía argentina, ya que por ese corredor fluvial circula cerca del 80% de las exportaciones nacionales, conectando los principales polos productivos con los mercados internacionales.
Según informó el Ministerio de Economía, la propuesta presentada por el consorcio adjudicatario prevé una facturación promedio anual de 628 millones de dólares y una proyección de ingresos superior a los 15.700 millones de dólares durante toda la concesión.
Además, el Gobierno estima que las obras e inversiones previstas permitirán incrementar el tránsito de embarcaciones y mejorar la competitividad del comercio exterior. Entre las proyecciones oficiales se destaca un crecimiento del 38% en el movimiento internacional de buques y una expansión superior al 50% en el tránsito hacia los puertos ubicados al norte de Santa Fe.
Desde la cartera económica también señalaron que la nueva concesión permitirá reducir en un 13,5% los costos logísticos, favoreciendo que los barcos completen sus cargas en puertos argentinos y mejorando la eficiencia operativa del sistema exportador.
Las obras contemplan la profundización del canal, mejoras en la infraestructura y la incorporación de nuevas tecnologías para optimizar la navegación y fortalecer los controles de seguridad, incluyendo medidas vinculadas a la lucha contra el narcotráfico.
El contrato funcionará bajo un esquema de obra pública por peaje y a riesgo empresario, sin financiamiento estatal. Como requisito previo a la firma definitiva, prevista para las próximas semanas, el consorcio deberá constituir una Sociedad de Propósito Específico y presentar garantías por 75 millones de dólares.
Con esta adjudicación, el Gobierno de Javier Milei considera concluido el proceso de privatización de la Hidrovía, mientras que el Estado nacional mantendrá las funciones de regulación y control sobre la estratégica vía navegable.
