El Gobierno hizo el lunes el primer movimiento serio para avanzar en la reestructuración de deuda. Y también la primera pista abierta para conocer cuál es la intención oficial sobre la quita que se les ofrecerá a los acreedores privados: aproximadamente 55%.
El dato surge de un movimiento concreto. El estudio de abogados norteamericano Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton (CGS&H), un clásico argentino, emitió el pedido formal a nombre del país al Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). La entidad que deberá autorizar la eventual emisión de deuda, para la colocación de nueva deuda por unos US$ 31.652.645.202 para rescatar el pasivo con legislación exterior emitido desde 2005 hasta 2019. Ese dinero, comparado con el total de US$ 68.842.528.826 que el Gobierno reconoció como los bonos a negociar; representaría una quita lineal de 55%, al menos el cuanto al capital adeudado.
Obviamente se trata de un porcentaje que, cuando se confirme, generará un rechazo visceral entre los bonistas con los que se negociará la reestructuración. Y, en consecuencia, se confirmará el pronóstico del ministro de Economía, Martín Guzmán, sobre que la propuesta generará “frustración” entre los tenedores de la deuda argentina.
Sin embargo, al tratarse de la primera propuesta que se le hará a los acreedores, podría ser mejorada al iniciar las negociaciones. Esto podría ejecutarse desde dos costados diferentes. En primer lugar, nada impediría que el estudio de abogados vuelva a pedir la autorización a la FINRA para una nueva colocación. En segundo término, el Gobierno podría discutir los intereses a pagar por la nueva emisión de deuda. Desde el “albertismo” se considera esta segunda opción la más favorable, quizá, para a las dos partes. Para Argentina implicaría la reducción sustancial de la deuda real con legislación en el exterior. Se considera además que el momento de los mercados mundiales generados por la crisis del coronavirus, con tasas de la Reserva Federal a cero e inversores espantándose de los bonos locales e internacionales; podría generar cierta demanda en los acreedores si el país ofrece intereses cercanos al 6 o 7%, una rentabilidad hoy inexistente en el mundo de la pandemia, explica el especialista Carlos Burgueño.
Todas las dudas comenzarán a dilucidarse cuando comience a aplicarse la nueva versión del cronograma oficial de renegociación de deuda, que ayer oficializó Economía. Según los tiempos actualizados, se extendió hasta el 25 de marzo el plazo que tienen los tenedores de bonos emitidos bajo legislación extranjera autorizados a entrar en el canje, para que informen sus tenencias y brinden su opinión formal sobre la operación. Según una nota que emitió ayer el ministerio de Guzmán, la decisión se tomó para “contactar al mayor número posible de tenedores con el fin de entablar relaciones y conocer sus opiniones” sobre el proceso de reestructuración. La fecha original había vencido el lunes pasado; dentro de un cronograma que ya tenía un atraso de tres semanas y que, si se hubieran cumplido todos los tiempos estipulados en el momento de ser anunciado, debería haber cerrado todo el proceso el 31 de marzo. Se sabía hasta hace 10 días que el cumplimiento era difícil. Casi imposible. Luego del primer lunes negro del 9 pasado, directamente esa alternativa se transformó en una utopía. Lo más probable ahora es que el Gobierno de Alberto Fernández se tome todo abril para avanzar sobre el proceso, y que recién hacia fin del próximo mes haya algún panorama concreto de los tiempos para cerrar la complejísima operación. Hay un límite teórico.
El 7 de mayo Argentina debe pagar unos US$ 1.374 millones correspondientes a un pago del Bonar 24; bono incluido en el proceso de canje y que, si no hay arreglo, debería ser liquidado con reservas del Banco Central. Sería entonces decisión del presidente, en el caso que las negociaciones continúen y no se haya alcanzado el mínimo indispensable del 75% de aceptación obligatoria, ordenarle a Miguel Ángel Pesce que libere el dinero u, opción B, ingresar en default. Esta lamentable situación igualmente no sería inmediata. Las normas del sistema financiero internacional le dan un plazo de 30 días más a un deudor en problemas para que complete el pago. El plazo máximo sería entonces el sábado 6 o, técnicamente, el lunes 8 de junio. Según una fuente del oficialismo, “tiempo hay”. Completa el pronóstico afirmando que “mientras tanto se irá aclarando el panorama generado por la crisis financiera, que aún no sabemos si los ayuda o perjudica”. Así, el Gobierno reconoce algo hoy innegable: el proceso de reestructuración de deuda, en medio de la megacrisis, implica una enseñanza para todos los actores intervinientes. Tanto acreedores como deudores.
