El viernes 14 de agosto de 2026, la audiencia virtual por el juicio contra Justo Fernando Barrientos se convirtió en un escenario de resistencia. Lo que debía ser una sesión breve y sin testigos presenciales derivó en un punto de inflexión político y jurídico. La disputa ya no gira solo en torno a la autoría del ataque incendiario en el hotel de la calle Olavarría, sino sobre la propia dignidad de Sofía Castro Riglos, la única sobreviviente, a quien el sistema judicial intenta atrapar y tratar como un «objeto de prueba» en lugar de un sujeto de derechos con plena autonomía sobre su integridad psíquica.
Luciana Sánchez, defensora de Sofía, sacudió la estructura del debate al desistir formalmente de la incorporación por lectura del testimonio previo de su representada, así como de los informes de las profesionales Kovianski y Ruiz, quienes la trataron durante su internación. Esta decisión estratégica no es un abandono de la prueba, sino un escudo humano: busca evitar que la sobreviviente sea forzada a atravesar una maquinaria judicial revictimizante que pretende obligarla a revivir el horror del ataque. Al retirar estos elementos, la querella de Sofía reafirma que la salud mental de quien logró escapar de las llamas es una prioridad absoluta que el tribunal no puede atropellar.
La tensión se hizo evidente ante las posturas encontradas de las partes. Mientras el fiscal Dr. Juan Manuel Fernández Buzzi y la querella de la Defensoría General (Dra. Simerman) insistieron en incorporar las declaraciones previas por lectura para «cubrir» falencias de una instrucción deficiente, la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) marcó un hito político. A través de la Dra. Samanta Pedrozo, la FALGBT —que actúa por primera vez en un juicio penal como querella colectiva— adhirió al planteo de Sofía, tras concluir que los extremos de la autoría y el móvil de odio ya están sobradamente acreditados por otros medios y que no es necesario exponer a la víctima para obtener una condena.
La denuncia de Luciana Sánchez fue tajante: “Estamos juzgando a la víctima, para sorpresa de nadie. Ahora todo se volvió para hacerle la vida más infeliz a la única sobreviviente”. Sánchez expuso la paradoja en la que incurre el tribunal: la jurisprudencia de la Cámara de Casación es taxativa al prohibir que una condena se apoye en declaraciones incorporadas por lectura. Así, el tribunal está arriesgando la integridad psíquica de Sofía y violando el secreto profesional de sus médicos —quienes no cuentan con la autorización de la víctima para revelar sus derechos personalísimos— a cambio de una prueba que legalmente no puede sostener la sentencia, exponiéndola a un trauma tan inútil como cruel.
Ignorando estas advertencias, el juez Adrián Pérez Lance resolvió avanzar con la intervención del Cuerpo Médico Forense para evaluar si Sofía puede declarar. Para la querella, esto es una «encerrona» que ignora las Reglas de Brasilia sobre vulnerabilidad. El tribunal pretende «contarle las costillas» a la víctima, exigiendo peritajes sobre peritajes para validar lo que sus médicos tratantes ya certificaron. Esta práctica de justicia patriarcal no solo busca salvar una investigación mal hecha por la policía y el juez de instrucción, sino que confirma que el sistema prefiere violentar a las sobrevivientes antes que reconocer los límites de su propio poder.
Este hostigamiento judicial ocurre en un contexto de violencia extrema. En la transmisión del juicio, activistas denunciaron una alarmante ola de odio: en menos de 48 horas, el país fue testigo de dos travesticidios. Este estado de alerta nacional subraya que el ataque en Barracas no fue un hecho aislado, sino parte de una estructura que se alimenta de la impunidad y la invisibilización. Por eso, este proceso debe sentar un precedente histórico que nombre al «lesbicidio» y no permita que la búsqueda de justicia se convierta en una nueva forma de tortura estatal.
El camino hacia los alegatos sufrirá ahora un receso hasta el lunes 31 de agosto a las 9:00 horas, debido a compromisos previos en otros juicios y vacaciones programadas de las partes. En la etapa final, las querellas mantendrán el pedido de prisión perpetua bajo los agravantes de odio a la orientación sexual, alevosía y ensañamiento. La participación de la FALGBT como querella colectiva será fundamental para exigir que la sentencia reconozca el carácter sistémico de este triple crimen y la tentativa de homicidio, asegurando que el veredicto sea, por fin, una reparación y no una nueva herida. (Fuente: Argay.ar)
