La Asociación Pensamiento Penal alertó sobre los peligros que suponen para las juventudes y adolescencias en contextos vulnerables el accionar policial; y defiende el rol de las Defensorías oficiales en materia de garantía de derechos constitucionales.
Integrantes de la Asociación Pensamiento Penal expresaron preocupación ante los cuestionamientos y presiones sufridas por el defensor público de la segunda circunscripción, Matías Jachesky. “El letrado actúo en el marco de sus competencias al presentar un habeas corpus preventivo por las situaciones de abuso de autoridad cometidas por el personal policial de la comisaría de Quitilipi, catalogadas como ‘razzias’ por el propio Jefe de la Policía del Chaco, Romero Fernando”, señalaron.
El funcionario policial también convocó a la comunidad a expresar apoyo al accionar policial y repudió el trabajo realizado por el defensor oficial, a lo que también se sumó el intendente de la localidad, Ariel Lovey.
Para la APP, “está más que claro que la defensa de los derechos y garantías constitucionales deben ser el pilar de un Estado democrático y así lo ha demostrado la defensa pública al utilizar el instituto previsto en la Constitución Nacional”.
“Consideramos que ningún defensor/a de la provincia debe ser interrumpido ni cuestionado en el ejercicio de su profesión. El Estado debe dar respuestas integrales ante los pedidos de seguridad, ya que tenemos sobradas muestras de que las respuestas punitivas clasistas y racistas como las “Razzias” no solo no resuelven los problemas de inseguridad que vive la comunidad, sino que los profundiza al hostigar solo a jóvenes y adolescentes pobres”, manifestaron y brindaron su apoyo a los miembros de la defensa pública que se ocupan de garantizar los derechos vulnerados constantemente por el Poder estatal de la provincia.
