Ayer, familias, personas con discapacidad, profesionales de la salud, ciudadanos y ciudadanas convocaron a una “marcha de antorchas” desde la catedral de Resistencia en reclamo por los pagos atrasados y en rechazo al ajuste en discapacidad. El conflicto, a nivel nacional, surgió porque las obras sociales que dependen de la Superintendencia de Salud no pagan a los profesionales.
La profesora de educación especial, Verónica Ruiz Díaz, en diálogo con elDIARIO de la Región, expresó la situación que vive el sector: “Estamos tratando de hacer ver y que quede dentro de la agenda pública principalmente el stop en las cadenas de pago a los prestadores. Nosotros que trabajamos en discapacidad naturalizamos el cobro de nuestros servicios a 90 días como base y de ahí en más hay gente que todavía no ha cobrado por este año de trabajo. Este mes no recibimos ningún tipo de pago, y tiene que ver con los fondos que mandan las Superintendencias de servicios de Salud a la AFIP y ahí no se sabe dónde está la plata”, denunció.
Además, la profesional agregó que esa falta de pago “tiene que ver con el valor que le damos a nuestro trabajo y con lo importante que es para el derecho de los trabajadores y para el derecho de las personas con discapacidad”.
Asimismo, sostuvo que otro de los motivos principales de la movilización es “visibilizar un espacio sumamente vulnerable de la sociedad. Las personas con discapacidad siguen sin estar integradas realmente a la vida social, ellos merecen que sean vistos y que sus derechos se respeten y también el de los trabajadores que hacemos todo lo posible para que su calidad de vida sea mejor. Merecemos que nuestro trabajo sea remunerado y valorado socialmente”.
En el mástil de la 9 de Julio, el padre de un niño con discapacidad tomó el micrófono y se manifestó ante las multitudes. “No contamos con procesos estandarizados dentro de las obras sociales, y a partir de ahí se generan demoras administrativas para proveer de manera tardía los medicamentos. Ni siquiera podemos contar con un proceso de estandarización en la atención de los servicios públicos y para un papá con un nene con autismo es ir a un supermercado y esperar a que el cajero se decida atenderte o es ir a una oficina pública a escuchar los bullicios, por eso adhiero a esta lucha. Deseo que podamos ser más en estas marchas, y que todas las autoridades de nuestro país puedan encontrar un poquito de humanidad, más allá de nuestros derechos, que vean que somos dignos de respeto, dignos de atención médica y social que nos permita saber que somos tenidos en cuenta”, sostuvo.
Al parecer, el conflicto se generó debido a que la Superintendencia de Servicios de Salud giró tarde los fondos del mes por una demora administrativa de la AFIP bajo la gestión de Mercedes Marcó del Pont.
Por su parte, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Fernando Galarraga, aseguró que la situación se está normalizando.
“Ante versiones respecto a que decisiones de este Ministerio involucran recortes en áreas de discapacidad, es nuestro deber informar que las modificaciones administrativas tomadas por subejecución presupuestaria en algunos sectores no afectan a dichas áreas”, aclaró Massa en medio del conflicto.
Sin embargo, dejó entrever demoras en otras áreas: “Por lo tanto, este Ministerio no es responsable de la falta y atrasos de pagos que aducen algunos prestadores, y será responsabilidad de las jurisdicciones correspondientes dar las explicaciones del caso”.
