Con fecha 9 de junio, el intendente Gustavo Martínez emitió la resolución 1401 en la que definió “disponer la suspensión transitoria del trámite de las causas judiciales iniciadas para el recupero de los créditos fiscales”.
La ejecución fiscal a cientos de vecinos de Resistencia había puesto en alerta a varios sectores políticos e incluso bloques de concejales que impulsaron sendas iniciativas para frenar una medida que, en medio de una pandemia y de la crisis generalizada que golpea a toda la sociedad, hasta fue calificada de ilegítima y desacorde con todo decreto que intenta proteger a vecinos y vecinas en estado vulnerable tanto en materia sanitaria como económica. Incluso desde la defensoría del Pueblo se había impulsado una iniciativa que proponía una alternativa válida para que los contribuyentes puedan afrontar una deuda judicializada.
Los sendos reclamos finalmente tuvieron su eco este miércoles, cuando Martínez resolvió dar marcha atrás con la resolución donde también se autoriza a la Dirección General Tributaria “a emitir boleta o realizar convenio de pagos de los créditos fiscales del Municipio, en trámite judicial, sin requerir comprobante de liberación”.
Instruye también a la Dirección General Tributaria “a remitir a la Fiscalía Municipal, el listado de cancelaciones o planes de pago acordados, según corresponda, a fin de que el profesional interviniente proceda a la notificación en la causa judicial y practique planillas de honorarios y costas”.
La resolución alcanza los períodos fiscales no prescriptos devengados y vencidos 2020, 2019, 2018, 2017 y 2016.
