El 80% de un total de 227 casos registrados en el Servicio Integral que funciona en el pediátrico fueron por abuso sexual infantil; ya atendieron 60 casos en lo que va de 2019 sólo en el Gran Resistencia. “Estamos atendiendo víctimas, pero falta prevenir, ahí es donde llegamos tarde”, aseguró Paola Benítez, titular del área.
La directora del Servicio Integral a Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Violencia del Hospital Pediátrico (Sainnavv), Paola Benítez, reveló que cerca de 350 niñas y niños fueron atendidos en 2018 por abuso sexual en el área que encabeza.
En declaraciones para Radio Libertad, comentó que el Sainnavv funciona en el hospital pediátrico desde 2014 “por compromiso y voluntad de unos pocos profesionales de salud que nos sumamos a este proyecto porque vimos la necesidad imperiosa de atender a niños, niñas y adolescentes víctimas de todo tipo de violencia, con calidad y garantizando la equidad. O sea, que accedan a una atención de acuerdo a la necesidad”.
También mencionó el trabajo que costó institucionalizarlo, a raíz de que: “Muchas veces a la violencia se la ve como un problema de la justicia y un problema social, no un problema que afecta a la salud de las personas. Lo cual es grave porque condicionará a la víctima, tal vez, por el resto de su vida si no tiene una atención oportuna”.
Si bien reconoció que con los años y por la lucha que llevaron adelante este grupo de profesionales fueron reconocidos y hoy funcionan dentro del hospital pediátrico, lamentó: “En lo que respecta a recursos humanos e infraestructura necesaria, todavía se sigue reclamando. Porque el aumento de niños niñas y adolescente atendidos en el Servicio fue una tendencia en alza”, recalcó.
“Empezamos en 2014 con 115 chicos; terminamos en 2018 con 427 niños, de los cuales, el 80% son víctimas de abuso sexual infantil. Ya vamos arriba de los 60 casos en lo que va de 2019, para los cuáles somos dos pediatras, una psiquiatra y una psicóloga con contratación hasta junio. Habíamos empezado esto con dos trabajadores sociales y ya no contamos con su especialidad, ya no están en el hospital”, manifestó. Amplió y comentó que solo tres trabajadores sociales atienden la gran demanda del hospital pediátrico en su totalidad. “Un hospital que es referente en la provincia en la atención a niños, de los cuales la gran mayoría tiene problemas sociales para resolver”.
Marcó como una “imperiosa necesidad” la conformación de un equipo interdisciplinario en este servicio, que cuente con todas las especialidades, como fue la idea original del proyecto, “porque la mirada integral de las diferentes disciplinas es la que ayuda a resolver con calidad las necesidades de los niños para ayudar a resolver la problemática de la violencia de manera más eficaz”.
“Necesitamos políticas públicas, acá el Estado tiene que hacerse presente”, afirmó la médica y expresó: “Yo cuando tengo enfrente mío a un niño, al que han vulnerado sus derechos y al que veo desprotegido, hay un sistema de protección nacional y provincial garantizado por leyes, la 26.061 a nivel nacional y la 2086 C a nivel nacional, que me dicen que como doctora tengo que radicar la denuncia para que se arbitren las medidas para proteger a estos niños. Pero, ¿qué hago cuando es el Estado el que vulnera sus derechos con sus ausencia?”.
UNA LEY DE
EMERGENCIA
Benítez recalcó que como primera necesidad para revertir esta situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la niñez y la adolescencia, frente a todo tipo de violencia, a partir de un vacío en políticas públicas, es: “Una ley que marque la emergencia en la que está la provincia con los casos de abuso sexual infantil. Que muestre, que visibilice que necesitamos articular medidas eficientes para sacar a nuestros niños de esta situación de violencia. Una vez que tengamos la obligatoriedad, que la tenemos pero parece que no estuviera, que podamos enmarcar medidas específicas dentro de esta ley pero de asistencia en salud, porque es una problemática que afecta a la salud de las víctimas. Y que podamos proyectarlo al interior de la provincia porque hoy se asiste al 80% de la población del gran Resistencia, pero qué pasa con las localidades del interior. Visibilizamos la problemática cuando tenemos una niña de 10, 11 o 12 años embarazada de 30 semanas que por primera vez toma contacto con el sistema sanitario y que muchas veces no puede acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo”, reconoció la especialista y afirmó: “Llegamos tarde”.
“Necesitamos una ley que nos enmarque, que nos muestre que hoy estamos en una emergencia y tenemos que tomar medidas. Y las medidas serían una Dirección que atienda a los niños víctimas de violencia, con diferentes servicios de salud en los hospitales cabecera. Que se articulen y trabajen constantemente con los diferentes sectores del Estado: Desarrollo Social, Justicia, para proteger a los niños. Y que trabajen en una prevención y promoción de la no violencia. Estamos atendiendo víctimas, pero todavía nos falta prevenir, ahí es donde llegamos tarde”, concluyó.
