El exjuez federal Luis Ángel Córdoba falleció este lunes a los 79 años en Buenos Aires, quien fuera magistrado esperaba ser enjuiciado por imputaciones de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura. Junto con ex fiscal federal Roberto Mazzoni y el fallecido ex secretario de Juzgado Carlos Flores Leyes conformaron la “pata judicial” del terrorismo de Estado en la región. A Córdoba se le imputaba el rechazo sistemático de las acciones de hábeas corpus planteadas por los detenidos políticos y la cobertura formal destinada a legalizar como allanamientos conforme a derecho los secuestros y los interrogatorios bajo tortura que se realizaron de modo sistemático, en el marco del plan de exterminio contra opositores políticos y sociales al gobierno de facto.
En el requerimiento de elevación a juicio los fiscales Patricio Sabadini y Diego Vigay aprobado por la jueza Zunilda Niremperger describieron la conducta de Córdoba y Mazzoni como "aporte sustancial" al terrorismo de Estado, a través de la impunidad otorgada al accionar delictivo del resto de los integrantes de la asociación ilícita. Los fiscales señalaron que ese aporte se tradujo en el rechazo sistemático de las acciones de hábeas corpus presentadas por las víctimas, en la omisión de dar trámite a las denuncias de torturas y en su actuación ante allanamientos ilegales.
PROCESADO
Córdoba falleció a consecuencia de una dolencia que lo aquejaba desde hace algunos años y por lo cual se encontraba con prisión domiciliaria en su casa de Tres de Febrero Provincia de Buenos Aires , esperando que se inicie el debate oral donde sería juzgado. El funcionario Judicial había sido detenido en el año 2012 y estuvo alojado 2 años en la Prisión Regional del Norte U7, para continuar luego su detención en su domicilio por razones graves de salud.
Se encontraba procesado junto al Ex Fiscal Federal Roberto Mazzoni – detenido actualmente en la U7 – por distintos crímenes cometidos contra ex detenidos políticos que estuvieron en el Centro Clandestino de la Brigada de Investigaciones. Otros 2 funcionarios también habían sido imputados pero también fallecieron en el trámite del proceso como el Ex Fiscal Eduardo Flores Leyes y el escribiente Domingo Resca.
CONDENA SOCIAL
Desde los organismos de DDHH que integran la Comisión Provincial por la Memoria señalaron que si bien Córdoba eludió una condena formal, se encontraba procesado, luego de haber pasado por una detención en presidio, y luego en ejercicio de una domiciliaria por obvias razones de salud y edad; “La impunidad biológica fue lo único que le permitió no ser condenado, murió procesado por sus crímenes, a las puertas mismas del inicio del juicio, y con el repudio y la condena social por parte de todos aquellos que creen que construir sobre la base de la Justicia, la Memoria y los Derechos Humanos” señalaron.
CÓMO SIGUE EL JUICIO
Fallecido Córdoba, la nómina de imputados queda conformada por ex fiscal Mazzoni y el ex Jefe de Guardia de la Cárcel U7 Pablo Cesar Casco. Luego de una serie de excusaciones de distintos jueces designados por haber sido con anterioridad parte en el juicio Caballero I, se logró conformar el Tribunal, que será integrado por los Juan Manuel Iglesias , Eduardo Belforte y Selva Spessot. Cumplida la etapa de ofrecimiento de prueba, ya sólo resta que el tribunal fije fecha de inicio del juicio.
Según el requerimiento de elevación a juicio de la fiscalía el accionar de los imputados se tradujo en la impunidad otorgada al accionar delictivo de los grupos de tareas de la Brigada de Investigaciones y oficiales del Ejercito del Área de Inteligencia; “A la estructura creada por las Fuerzas Armadas y de seguridad destinada a la represión de militantes políticos , se agregó la falta de respuesta por parte de quienes se encontraban obligados por la función que detentaban, de investigar dentro del ámbito de la Justicia Federal de la provincia del Chaco, en los Habeas Corpus interpuestos por los familiares de las víctimas y más precisamente ante las distintas denuncias que realizaban los perseguidos políticos al momento de prestar declaración indagatoria, justificándose que solo podían intervenir si el defensor de cada uno de ellos hiciere la presentación correspondiente, y que, por otro lado, tampoco no podían instar a nadie a que haga las respectivas denuncias”.
“DEJAR HACER”
En ese sentido remarcaron que “el método implementado por Luis Ángel Córdoba y Roberto Domingo Mazzoni, en la llamada “lucha antisubversiva”, era “no hacer”, no iniciar investigaciones, no atribuir ningún delito a ningún funcionario militar o policial, no citar a declarar a nadie que pudiera dar datos para individualizar a los responsables. En principio, los represores conocían que podían actuar sin preocupaciones, ya que desde la magistratura de la justicia federal de Resistencia le aseguraban una “zona liberada” jurisdiccional…”. Los fiscales describen este “modus operandi” en tanto consideran que hubo una “reiteración sistemática de ese “no hacer” en todas las causas judiciales: la declaración y asunción de la competencia federal, el rechazo de los habeas corpus, la no realización de medida investigativa alguna en las causas por privación ilegítima de la libertad, la inexistencia de compulsas para investigar los delitos cuya sospecha de comisión era evidente, y el archivo de las causas penales originadas en los sumarios policiales por denuncias de familiares, habría de demostrarles que los magistrados procesados eran parte del engranaje que aseguraba la impunidad de los captores y la ejecución permanente de la privación de libertad de las víctimas”.
Desde esta perspectiva concluye el Requerimiento “que el aporte de Córdoba y Mazzoni fue sustancial para los ejecutores: contaban con la impunidad de sus acciones, y con el aseguramiento de que podían proseguir con la ejecución del mismo, esto es, detener personas, torturarlas, privarlas de la libertad, “desaparecerlas de la faz de la tierra” sin que los magistrados federales se inmuten, pues eran parte del mismo equipo, sólo que con otros roles y en otro órgano estructural del mismo Estado terrorista…”
