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En Resistencia, volvieron a manifestarse contra la violencia institucional

Familiares y amigos de víctimas de violencia policial volvieron a manifestarse en Resistencia, en el marco de la octava marcha nacional contra el gatillo fácil y el abuso institucional. Junto a organizaciones sociales y piqueteras que acompañaron los reclamos de justicia, la movilización convocó a miles de personas que marcharon desde San Martin y 9 de Julio, hasta las inmediaciones de la Jefatura de Policía en 25 de Mayo 1399.

Con las consignas “Ni un pibe menos, ni una piba menos, ni una bala más” familiares y amigos de víctimas de violencia institucional, organizaciones sociales y  autoconvocados se manifestaron la mañana del viernes, en consonancia con las marchas realizadas en todo el país para  visibiliza los casos de asesinatos por parte de oficiales de Policía.

En Resistencia, la convocatoria estuvo prevista para el viernes a las 8 en la intersección de 9 de Julio y San Martin donde se concentraron miles de personas formando una columna de más de cuatro cuadras. De forma simultánea, se dieron marchas de la misma magnitud en Santiago del Estero, Misiones, Mendoza, Jujuy, La Plata, Mar del Plata, Salta, Córdoba, Bariloche, Cipolletti, y en muchas otras provincias y localidades de Argentina.

EL PRECIO DE UNA VIDA

Entre la gente, se podían leer los nombres de Sebastián Ponce de Leon, Diego Barreto y Jesús Martínez, chaqueños muertos en manos de la Policía en distintos contextos. Analía Ojeda, madre de Diego Barreto, asesinado el 13 de febrero de 2020 bajo custodia policial, dialogó con elDIARIO de la Región: “La muerte de Diego fue caratulada como suicidio pero la autopsia de nueve páginas reveló que fue asfixiado mecánicamente. Fue asfixiado ya reducido y esposado en el suelo. Por testigos oculares que vieron lo que paso, pudimos saber que fue torturado y asesinado en plena vía pública”, indicó.

En el mismo tono, Ojeda informó que solamente un policía fue echado de su cargo por el caso, mientras que a los demás implicados “les hicieron un sumario administrativo y los mandaron al interior, están en la calle”.

Las familias de las víctimas, comenzaron a organizarse en torno a sus pedidos de justica: “Estamos armando una asociación para seguir luchando nosotros que tenemos voces por  aquellos que ya están callados y sus causas están archivadas. La vida de un hijo no tiene precio aunque ellos busquen estirar las causas, no me van a cansar y vamos a seguir saliendo a la calle hasta obtener justicia y que dejen de matar a pibes y pibas”, finalizó.

UN CAMBIO DE BASE

Osvaldo Ponce de León, padre de Sebastián, participó de la marcha junto a sus allegados y cargando en una pancarta el rostro de su hijo, siendo uno de los casos más reconocidos de tortura seguida de muerte en la provincia. “Estamos reclamando contra la violencia, institucional, policial y estatal sobre todo. Los fiscales juegan al desgaste físico, emocional, espiritual y hasta económico”, expresaron.

Ante la pregunta por los traslados a otras seccionales de los policías imputados, respondió: “Es jefatura quien no toma las recomendaciones del Órgano de Control Institucional (OCI), el jefe anterior nos dijo: Si  tengo que pasar a pasiva a todos los que tengo con problemas con la justicia me quedo sin gente”, mencionó Ponce.

“Hay más de 1.700 policías procesados, esto amerita un cambio total, de base, hasta de la  propia escuela de policías”. Ponce de León, también mencionó las graves faltas cometidas por los fiscales intervinientes. “El fiscal Santos le bajo la pena a los oficiales, de tortura seguida de muerte que es perpetua, a homicidio preterintencional como si lo hubieran empujado y asesinado sin intención”, finalizó.

 

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