El Gobierno provincial promueve que antes de finalizar el año, la Legislatura apruebe cuatro iniciativas de reforma judicial presentadas en junio, por el gobernador, Jorge Capitanich. Estos proyectos tienen como punto en común la introducción de modificaciones a la organización del Poder Judicial. Las reformas serán: en el Código Procesal Penal, juzgados de Faltas del Poder Judicial y rol de los jueces, los proyectos fueron trabajados por equipos técnicos del Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia.
La subsecretaria de Justicia, Lourdes Polo Budzovsky, explicó que se trata de un debate que se lleva adelante en la Cámara de Diputados de Chaco y que el Poder Ejecutivo provincial tiene especial interés en que se trate en sesión prontamente. Desde que se presentaron los proyectos, los diputados provinciales llevan adelante jornadas de debate con distintos sectores del Poder Judicial, abogados, representantes del Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia para avanzar en la creación de leyes que signifiquen una verdadera mejoría del sistema judicial actual. La semana pasada, se realizó una nueva reunión de la Comisión Técnico Revisora para la actualización del Código Procesal Penal de Chaco, presidida por la titular de la Comisión de Legislación General, Clara Pérez Otazú, oportunidad en la que se recibió a representantes del Instituto de Derecho Informático con el objeto de analizar cuestiones referidas a evidencia digital.
“Es la oportunidad que tenemos de avanzar en una reforma que oriente al proceso penal hacia un proceso plenamente acusatorio y adversarial, donde la oralidad sea el motor de los procesos penales”, señaló Polo Budzovsky en diálogo con elDIARIO de la Región. La subsecretaria adelantó que la meta del Poder Ejecutivo es lograr una reforma integral que garantice derechos tanto a las personas que se encuentran privadas de su libertad como las que atraviesan un proceso judicial como víctimas.
PLAZOS PROCESALES
El primer proyecto propone acortar los plazos procesales de sentencias judiciales con el objetivo de garantizar que la persona imputada sea respetada en sus derechos. En ese sentido, introduce también el debate sobre el uso de las prisiones preventivas de forma abusiva, lo cual no cumple con las normativas internacionales vigentes en materia de derechos humanos.
La subsecretaria de Justicia, aseguró que es necesario debatir sobre el uso de la prisión preventiva debido a que hace prácticamente tres décadas que constituye una de las áreas más deficitarias de la justicia penal y existen muchos instrumentos internacionales que obligan a revertir su uso. “La sobreutilización de la prisión preventiva es un problema endémico en la mayoría de los sistemas provinciales y regionales”, dijo.
Lo que se propone es un plan de racionalización del encarcelamiento preventivo, basado en tres medidas concretas: primero, la diversificación de las medidas cautelares para entregar una mayor cantidad de opciones al fiscal, defensor y el juez para asegurar la comparecencia y sujeción de la persona imputada al proceso judicial; segundo, la instauración de una audiencia oral y publica de carácter obligatorio para que en esa instancia las partes debatan sobre el riesgo concreto que representa la persona imputada y la medida más adecuada para neutralizarlo; y tercero, la creación de una Oficina de Medidas Alternativas y Sustitutivas (OMAS) al interior del Poder Judicial, que tendrá como misión generar información de alta calidad sobre la situación personal de la persona imputada como así también garantizar que la medida cautelar que se dicte sea controlada.
Respecto de los plazos procesales, Polo Budzovsky aseguró que los mismos “deben ser revisados” en los términos establecidos. Teniendo presente que deben correr para cada interesado desde su notificación, o si fueran comunes desde la última que se practicara debiendo ser perentorios y fatales para todas las partes, e improrrogables salvo aquellas excepciones previstas en la propia norma, bajo apercibimiento de la sanción procesal para el funcionario judicial que incumple los plazos.
REFORMAS NECESARIAS
Por otra parte, el Poder Ejecutivo impulsa una reforma íntegra en la Administración de Justicia creando dos instituciones nuevas: Colegio de Jueces y Oficinas Judiciales.
Según detallan los proyectos, el juez tiene el deber de juzgar, dictar sentencia, no administrar recursos humanos administrativos, para mejorar eso, se planteó la conformación de Colegios de Jueces que agrupen a todos los jueces y las juezas de primera instancia, como otros colegios para los de apelación. “Esto permitirá que el tiempo de los jueces y las juezas esté dedicado exclusivamente a la función jurisdiccional y a garantizar que siempre exista un juez disponible para intervenir en las audiencias y así asegurar que éstas se realicen”, agregó.
Asimismo, esta incorporación del Colegio de Jueces hace necesaria la creación de Oficinas Judiciales porque “consideramos fundamental tanto para la justicia civil como penal, para que se encarguen de la labor administrativa de los Tribunales, dirigidas por personas que tengan un conocimiento demostrable en la gestión de recursos”, señaló.
“Estas son oficinas que existen en la mayoría de las provincias argentinas y en otros países de América Latina hace más de quince años y están dirigidas por personas que tienen un conocimiento demostrable en la gestión de recursos”, detalló la subsecretaria.
REDUCCIÓN DE CONFLICTOS
Por último, y no menos importante, son los proyectos que tendrán impacto directo en el fuero judicial donde se presentan los conflictos ciudadanos. En primer lugar, el Ejecutivo propuso un cambio de denominación de Justicia de Paz a Justicia de Primera Categoría, para garantizar más cercanía y proximidad. Esta iniciativa busca ampliar el rol actual que tienen estos juzgados que hoy son el portal del contacto entre el sistema judicial y los ciudadanos.
La segunda propuesta impulsa la creación de oficinas municipales de proximidad con la meta de que el equipo que integre dichas oficinas intervenga en casos donde una parte se encuentre en situación de vulneración y así prevenir la litigiosidad. También busca atender las demandas de personas que necesitan asistencia jurídica.
