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El miércoles se trataría la ley que aprueba la estructura del Comité para la Prevención de la Tortura

Luego de que el proyecto quedara en cartera la semana pasada, los y las legisladoras se comprometieron a darle “orden de prioridad” para la sesión del miércoles.

La sesión de la semana pasada tuvo quórum en la Cámara de Diputados de Chaco, pero el proyecto de ley que crea la estructura de cargos del Comité para la Prevención de la Tortura no figuró en el temario a tratar. No obstante, las y los trabajadores obtuvieron el compromiso por parte de los legisladores de que la iniciativa será tratada en la sesión del miércoles, ya que figura en el orden de prioridades.

“Las cerca de 40 familias que integran el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco esperan con ansias el tratamiento de la ley que da estructura al organismo y tienen las esperanzas de que se dé una resolución favorable a esta demanda que lleva años”, expresaron desde el organismo.

El Comité para la Prevención de la Tortura es el primer mecanismo local de prevención de la tortura en Argentina y cuenta con 10 años de experiencia. Ha experimentado un crecimiento significativo y avances notables en su labor, sin embargo, aún enfrenta una deuda pendiente: la aprobación de su estructura y un presupuesto adecuado para cumplir con su responsabilidad fundamental.

“El Comité asume la crucial tarea de monitorear y controlar las fuerzas de seguridad, así como otros ámbitos de privación de libertad. Esas funciones son esenciales para prevenir la violencia institucional y garantizar el respeto a los derechos humanos. El respaldo a la estructura de cargos del Comité no solo es un acto de cumplimiento con compromisos internacionales, sino también una inversión en la defensa de los derechos humanos y en el fortalecimiento de la primera línea defensiva contra posibles violaciones en Chaco”, remarcaron desde la entidad.

“Es imperativo recordar que esta iniciativa va más allá de un cumplimiento legal; también tiene un impacto directo en la vida de alrededor de 40 familias que dependen exclusivamente de los ingresos generados por este organismo. En un momento de crisis y coyuntura política, respaldar la estructura de cargos del Comité no solo es un acto de compromiso con los derechos humanos, sino también un gesto de apoyo a aquellas familias que dedican sus esfuerzos diarios a esta causa”, advirtieron.

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