Continúan los alegatos del caso, hoy desde las 9 en la sede del Tribunal Oral Federal de Resistencia, en esta acción se reanudará la audiencia del juicio oral por complicidad judicial con el genocidio en el que figura como imputado el exsecretario y luego fiscal federal Roberto Domingo Mazzoni.
En la jornada se tiene previsto que las respectivas partes del proceso realicen la presentación de sus alegatos y concluida esta etapa, mañana se avanzará en la presentación de réplicas y la palabra final del imputado. Tras este punto el tribunal, que integran los jueces Osvaldo Facciano y Mario Gambacorta, de Rosario, y Fabián Cardozol de Posadas, podrá anunciar la fecha del dictado de la sentencia.
Este juicio oral toma como eje de la imputación las denuncias realizadas por Hugo Barúa (1954-2020) a lo largo de los años desde que recuperara su libertad a principios de los 80, luego en 2002 y 2007 en el marco de la reapertura de causas judiciales al terrorismo de Estado e incluso en 2010, y 2019 como testigo en los juicios orales que tuvieron lugar en la provincia.
Cabe acotar que los testimonios de sobrevivientes que compartieron cautiverio con Hugo Barúa que fueron escuchados en el juicio, confirmaron las denuncias de la víctima respecto de la detención ilegal, las torturas y de la omisión por parte de Mazzoni, uno de los integrantes del Juzgado Federal que convalidó el accionar delictivo de la represión ilegal organizada en torno a la Brigada de Investigaciones de la Policía de Chaco.
Asimismo, en el último día de audiencia de testimoniales, a fines de febrero, se incorporaron por lectura las declaraciones de Barúa ante sede judicial, tanto las realizadas en el Juzgado Federal de Resistencia como durante los juicios anteriores en los que participó como testigo.
Hugo murió en 2020, un año después de la primera condena a Mazzoni, en abril de 2019. No obstante, su figura sigue presente, en la vigencia de su lucha, y en el recuerdo de su familia y amigos. Fue presidente de la CPM en 2011, en representación de exdetenidos políticos, en una gestión que se caracterizó por el trabajo mancomunado de organismos de DD. HH. y trabajadores y trabajadoras de la institución.
También reprodujeron extractos de declaraciones en primera persona sobre los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura, entre los cuales resaltaron: “Cuando me vienen a buscar me llevan a mi pieza y comienzan a hacerme preguntas y a darme golpes de puño, el señor Gabino Manader me pegaba y el señor Cardozo empuñaba un arma y la usaba como maza y en un momento me pone la pistola en la zona del ombligo, todo esto en presencia del señor Mazzoni, quien después me entero era el que tenía que garantizar mi seguridad física”.
Barúa fue trasladado a la Brigada de Investigaciones, donde permanece entre 10 y 15 días y “sufre torturas y vejaciones por parte de Manader, Cardozo y se suma el señor Rodríguez Valiente”. Sobre este último agregó que “llamaba un poco la atención cómo se ensañaban con los detenidos pegando en la zona de los testículos”.
En la Brigada conoció los suplicios de la picana eléctrica. Lo esposaban a una silla y lo echaban para atrás y así, tirado contra el piso, recibía la descarga eléctrica en los tobillos y en los testículos. Sentía una contracción que “rompía la carne, como un calambre”. Hubo una sesión de tortura en la que estuvo presente su profesor de historia en la secundaria, Alberto Valussi (integrante del destacamento de Inteligencia 124, fallecido en 2009), quien le propinó golpes de puño. Al reconocerlo Barúa le preguntó “porque me pega profesor”, sorprendido, primero Valussi le pide explicaciones, “yo fui su alumno en el Colegio Don Bosco”, responde Barúa, a lo que Valussi contestó que él es “el oficial Asuaga de la Policía Federal”.
No volvió a verlo, hasta muchos años después, cuando Valussi fue a comprar un remedio a la farmacia en la que trabajaba Barúa, quién lo reconoció y sin levantar la voz ni perder la tranquilidad le recordó su accionar. Valussi intentó negar los hechos y muy nervioso pagó y huyó del local. Eran los años en los que imperaban las leyes de impunidad por las cuales los genocidas vivían libres entre la ciudadanía. Murió en 2009, un año antes del inicio del juicio oral por la causa Brigada/Caballero I de 2010, procesado y escrachado por organismos de DD. HH.
