Al término de las 29ª jornadas nacionales de los Ministerios Públicos, los consejos federales de procuradores, fiscales generales, defensores y asesores generales y de política criminal emitieron un pronunciamiento que abarcó la narcocriminalidad, violencia de género, ciberdelincuencia y situación institucional.
Además remitieron una nota al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, en la cual consignaron la necesidad de avanzar “con urgencia” hacia una reforma de la parte especial del Código Penal en lo referido a violencia de género.
CONCLUSIONES
En el comunicado señalaron que: “el avance de la narcocriminalidad en la Argentina demanda que se reconsidere la situación de ineficiencia que actualmente se verifica en su persecución penal”.
Recordaron que consideran “óptimo el modelo que combina una intervención coordinada de la justicia federal y provincial, sea en el marco del actual sistema de desfederalización o en otros más flexibles que puedan surgir de una reforma legal”. Aunque entienden “sin embargo, que mientras se mantenga en vigencia la ley 26052, las provincias adheridas al régimen allí previsto deben gestionar de manera conjunta el cumplimiento de la cláusula de financiamiento que impone dicha norma al Estado Nacional”.
Respecto a la violencia de género sostuvieron que “ha llegado el momento de trasponer la zona de los discursos y fortalecer el orden penal para una más amplia y eficaz protección de las víctimas; en este aspecto deben urgentemente introducirse reformas al Código Penal”.
Ante ello estimaron “necesario que se trabaje en la reformulación del abordaje judicial de la violencia de género, terminando con la tradicional modalidad de intervención dispersa de los fueros civil y penal actualmente existente para llegar a una más eficiente actuación en un ámbito judicial único de atención integral”.
Por otra parte subrayaron que la ciberdelincuencia “constituye una problemática que viene siendo abordada por los Ministerios Públicos en el marco de los Consejos que los nuclean, a través del Programa Red 24/7”.
Finalmente desaprobaron “no solo las maniobras que al margen de estas vías (NdeR: constitucionalmente previstas) conlleven la finalidad de producir alteraciones en los planos de máxima jerarquía de los ministerios públicos, como así también los intentos de desmembrar parte de sus atribuciones esenciales para su funcionamiento autónomo, transfiriéndolas a otros organismos del Estado”.
NOTA A GARAVANO
En la nota dirigida al ministro Garavano subrayaron que es preciso encarar una reforma del Código Penal dado el crecimiento de los casos de violencia de género “en su número y gravedad”.
Así propusieron que se incluyan nuevas figuras delictivas; mejoramiento de la protección a la integridad sexual mediante un tipo de abuso sexual más amplio; la expansión del sistema normativo de agravantes por violencia de género; previsiones adicionales para el aseguramiento del juzgamiento y sanción de la violencia de género y establecimiento de indicaciones normativas claras y concretas que fijen la obligatoriedad de desarrollar y aplicar programas de tratamiento de violentos.
