Para transitar la previa del pacto del 25 de Mayo, en la Casa Rosada aseguran que Javier Milei necesita un acierto legislativo. No ha registrado uno desde que asumió el 10 de diciembre. Su hermana Karina y el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, tendrán a partir de este lunes un examen determinante y, como vienen las negociaciones para este proyecto, no sería el último. Comparten el objetivo estratégico de evitar que se repita el naufragio que afrontó en febrero la primera versión de la Ley Bases. Por eso el presidente acepta que sus interlocutores cedan ante los reclamos de la oposición y empodera al ministro del Interior, Guillermo Francos, que había quedado muy desgastado después de la primera caída del texto. Los dadores de votos y quórum que integran la autodenominada “oposición dialoguista” no pierden su desconfianza.
“Ya le dejamos la ley en la puerta del recinto. Lo que pase de ahora en adelante corre por exclusiva cuenta de ellos”, se le escuchó a decir a Emilio Monzó, expresidente de la Cámara en la era Macri. Fue una advertencia que lanzó como balance dentro del bloque de Hacemos Coalición Federal (HCF). Junto al PRO, la UCR e Innovación Federal, el espacio que conduce Miguel Pichetto compartirá la autoría de la nueva versión de la ley. Las cuatro fuerzas clausuraron el jueves 80 días de negociaciones después del naufragio de la primera versión. La cantidad de temas que quedaron en el camino desde febrero son una muestra de los puntos que el gobierno tuvo que resignar. También es la hoja de ruta del respaldo que le van a prodigar a partir de este lunes a las 12 en el tratamiento del recinto. Lo harán durante el debate que precederá a la votación en general y la predisposición que tienen para acompañar en la particular. Después llegará el turno del paquete fiscal, que también tuvo dictamen el jueves y que reinstala la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. El tema había sido resistido por distintos gobernadores que no habrían cambiado su posición, a pesar de los sondeos de la Casa Rosada.
El oficialismo podría volver a sumar 144 votos como en febrero, pero la mayor atención (y los temores) están concentrados en la votación artículo por artículo, donde hay menos diferencias que la vez anterior. Se esperan dos momentos de extrema cautela que pueden desatar lo inesperado: el arranque de la sesión, a partir del mediodía, que incluirá discursos e intervenciones por cuestiones de privilegio. Otro punto de tensión se espera para la votación en particular. Podría suceder en la noche del lunes o el transcurso del martes, cuando el oficialismo comience a caminar por un sendero que hasta ahora no conoció, porque en la oportunidad anterior, después de la general, sólo se pudo debatir cinco artículos de los 383. Esta vez no habrá recesos y la nueva versión se reduce a 232.
Menem no sólo tiene su poroteo. Armó un mapa sobre cómo será el voto de los legisladores en cada uno de los artículos. Además cuenta con los cálculos que le acercaron los demás bloques que están detrás de darle la media sanción. Desde el viernes asoma un obstáculo inesperado que puso en aprietos al titular de la Cámara Baja. El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, junto a 80 integrantes del espacio, presentaron un pedido de sesión especial para el martes a las 11 con el objetivo de llevar al recinto el DNU 70/23 que ya fue rechazado por el Senado. La solicitud se pisa con el transcurso de la sesión que empezará el lunes al mediodía y que podría extenderse hasta la noche del martes, sobre el filo del comienzo del feriado 1 de mayo. Menem rechazó el planteo de Martínez, se negó a convocar la sesión ante la extensión de la otra y no le puso fecha.
Este sábado el titular de la bancada panperonista le recordó a Menem, mediante una nota, que no tiene atribuciones para rechazar un pedido de sesión. La tensión va a escalar, podría incluir una denuncia judicial de Martínez contra Menem por incumplimiento de los deberes de funcionario público. El resultado de esa pulseada se podrá advertir en el recinto, cuando arranque la sesión de este lunes. Recién entonces se sabrá hasta dónde puede escalar el debate.
El pedido de sesión de UP sigue en pie y será materia de discusión en la reunión de labor parlamentaria este lunes. Las autoridades de todos los bloques se reunirán para definir el esquema de la sesión y ahí se volverán a cruzar los cables pelados con final abierto. Si la discusión no se resuelve, el debate por la nueva ley bases estará teñido por el reclamo del panperonismo de tratar el DNU 70/23. Hay una debilidad que interpela al bloque de UP, porque ya impulsó dos pedidos de sesión para emplazar a la cámara y marcarle la cancha al gobierno, pero los dos intentos llegaron a las 124 bancas. Le faltaron cinco para los 129 que requiere el quórum y la debilidad podría repetirse esta semana si se concreta la sesión que Menem quiere impedir. Para hacer caer el DNU, según cuentan en el peronismo, faltarían cinco voluntades. En el intento de esta semana, el radicalismo aportó 14 legisladores que bajaron al recinto para la sesión que no fue. La bancada de la UCR tiene 34 voluntades y las disidencias que se resumían a cuatro o seis integrantes ya llegaron a los 14 y sigue contando.
Desde el viernes la movida de UP le cambió la previa del lunes al oficialismo. Menem pretende exhibir una victoria parcial camino al Senado y mostrar cohesión interna, pero su bloque llegó a este debate dividido en dos partes. Los legisladores de Milei están repartidos en el bloque de La Libertad Avanza que ya no tiene 41 voluntades, sino 38, luego del surgimiento del espacio Movimiento de Integridad y Desarrollo que preside Oscar Zago, tras su destitución como titular de la bancada oficialista.
Dentro de los bloques que darán quórum y votos para el repechaje de la Ley Bases, algunos dirigentes creen que Milei no está tan interesado en obtener la sanción del texto que ya suma tres meses de negociaciones. “Démosle la ley así dejan de acusarnos y se pone a gestionar. Para Milei el Congreso es el enemigo perfecto y le viene bárbaro que se caiga la ley de nuevo. No sabe gestionar y si no tiene ley nos va a echar la culpa. Por eso es mejor que tenga su ley y cuente con los instrumentos que reclama. Después que demuestre que puede gestionar el Estado”, confió una alta fuente parlamentaria que no oculta la desconfianza que le generan los movimientos de la Casa Rosada.
REFORMA LABORAL
Esta semana hubo nuevos tironeos por la reforma laboral. La UCR presentó un ambicioso proyecto y el gobierno se puso a redactar la propia. Pichetto se quejó y dijo que el secretario de Trabajo, Julio Cordero, le quería meter por la ventana una reforma que no iba a ser aprobada por el recinto. Quedó una versión reducida de 17 artículos que elude entrar en una guerra abierta con la CGT. El texto no penaliza los bloqueos sindicales, ni anula las cuotas sindicales solidarias. Tampoco quita las indemnizaciones, ni elimina la ultraactividad de los convenios laborales, como pretendía el borrador enviado hace cinco días por el exfuncionario del Grupo Techint. En su lugar amplía el fondo de cese laboral que instituyó la UOCRA para los trabajadores de la construcción, elimina las multas para penalizar a las patronales que contratan irregularmente y extiende el período de prueba de tres a seis meses, pero lo estira hasta ocho para las pymes.
La UCR insistirá con quitar los aportes sindicales solidarios y en HCF hay dictámenes es de disidencia impulsados por la socialista Mónica Fein y Margarita Stolbizer del GEN, pero esos posicionamientos no ponen en duda el apoyo en general, y una negociación en particular. Se espera una diferencia resonante sobre el impuesto al tabaco. El gobierno quitó el tema para evitar debilidades, pero el radicalismo y HCF quieren meterlo en el debate con una demostración de fuerza. (Fuente: Fragmento. Claudio Mardones en Tiempo Argentino)
