Luego de la polémica suscitada a nivel nacional sobre el otorgamiento de prisión domiciliaria a detenidos en este contexto de pandemia y crisis sanitaria, el juez de la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, Víctor del Río, se refirió al tema y despejó dudas en cuanto al beneficio brindado a internos de diferentes cárceles.
“Hace muchos años que estamos atravesando una crisis carcelaria. No es nuevo, algunos tratan de no mirar este sector, y la verdad es que el Estado tiene que estar para cumplir los roles: por un lado, perseguir el delito y encontrar a sus responsables, y por otro, dotar de condiciones mínimas de alojamiento a los detenidos”, explicó en una entrevista con Medios y Estrategias.
El juez sostuvo que este conflicto es algo que se da en el mundo entero y que cada país enfrenta cómo hacer para mantener las situaciones carcelaria. “Países como EE. UU. optaron por la reducción de penas o hacer cumplir la condena en un lugar distinto al lugar de encierro”, ejemplificó y explicó que el objetivo principal es “evitar que el sistema de salud provincial colapse”.
“Tenemos alrededor de 3.000 detenidos en toda la provincia, si existe la posibilidad de que uno se enferme es casi seguro que contagia a toda la población carcelaria por el nivel de hacinamiento al que están expuestos”, sostuvo y aseguró: “En lo particular, queremos asegurar que el sistema de salud no colapse y esté en condiciones de soportar el número de personas infectadas”.
En ese sentido, indicó que se trabaja “precautoriamente en un sistema ante el posible contagio de una persona detenida”. “Existe la crisis carcelaria con hacinamiento en las comisarías, donde hay lugar para cuatro personas y duermen 12. Tenemos que brindar alguna capacidad nueva al sistema carcelario o centros de detención, para que en el caso de que suceda un contagio se pueda aislar correctamente al enfermo”, expresó.
En esa línea, Del Río señaló que “cada juez es responsable de tomar los recaudos convenientes en cada caso” y se elaboran estrategias para afrontar y atender los pedidos de aquellos detenidos que son considerados población de riesgo. “Esto tiene que ver si hay un pedido para personas en situación de riesgo. Y vamos midiendo cada pedido y verificando o corroborando el estado de salud, se entabla conversación con el médico, articulando los sistemas para darle la prisión domiciliaria a quién corresponde y son casos muy excepcionales”.
“NO HAY TOBILLERAS”
De ser posible la otorgación de este beneficio, detalló que en la provincia no quedan tobilleras para realizar el monitoreo de detenidos, por ende “se está trabajando en nuevas estrategias junto al Ministerio de Seguridad para realizar protocolos de verificación con personal y videollamadas. Además, se implementará un sistema de georreferencias, constatando la localización del detenido”.
