La decisión de elevar el petitorio a Nación, para que se apliquen tarifas eléctricas diferenciadas a las provincias del Norte argentino, fue tomada durante el primer plenario anual que se realizó esta semana en Jujuy y del que formaron parte ombudsman de diferentes partes del país, entre ellos el defensor del Pueblo de Chaco, Gustavo Corregido.
La solicitud planteada por los defensores busca que se plasme una política específica para el rubro energía, considerando las economías regionales y apuntando no sólo al abastecimiento sino también al acceso a un servicio que es fundamental para los ciudadanos de la región. En el noreste particularmente, las familias son electrodependientes porque no tienen acceso a gas natural y viven en zonas de temperaturas extremas que demandan mayor uso de energía durante el año.
Este petitorio nace basado en el concepto de la pobreza energética que sufren las familias. Se entiende que “un hogar está en situación de pobreza energética cuando es incapaz de pagar una cantidad de energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas o cuando se ve obligado a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura energética de su vivienda”.
En ese contexto, el grupo de defensores definió elaborar el documento único que refleje las necesidades de cada jurisdicción. La preocupación nace a raíz de la política de quita de subsidios que estableció el gobierno nacional, que termina arrastrando a las familias a la pobreza energética.
En la reunión, además de Corregido, estuvieron presentes los defensores de la provincia de Córdoba, Mario Decara; de Tucumán, Fernando Juri Debo; de Formosa, José Gialluca; de Santiago del Estero, Martín Díaz Achával; el defensor de la ciudad de Salta, Nicolas Zenteno; el defensor del Pueblo de Cerrillos, Matías Tomás Aranda y el defensor del Pueblo de la ciudad de Corrientes, César Vallejos.
