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Freno judicial ante otra tentativa de fumigación ilegal

La empresa instalada en Roca tiene una suspensión judicial para la fumigación terrestre hasta que se expida un dictamen definitivo, sin embargo, ayer quisieron volver a realizar la acción contra todo procedimiento legal. Se hicieron las denuncias correspondientes por desobediencia. “Pone en evidencia que a la empresa no les interesa el medio ambiente, ni la vida de las personas”, señaló el representante legal de las familias afectadas a este matutino.

Ayer, se tomaron nuevas medidas en la localidad de Roca, más precisamente por parte del representante legal de las familias aledañas al establecimiento Don Panos, que vienen denunciando hace tiempo las consecuencias insalubres de las fumigaciones a cielo abierto que hace la empresa.

En comunicación con elDIARIO de la Región, el abogado de las familias, Juan Alberto Sánchez, explicó que ayer tuvieron conocimiento de una nota presentada ante el intendente de Roca, Gustavo Javier Martínez, donde “se le informaba” sobre la fumigación terrestre “por el tiempo que demande” a la siembra de algodón de Don Panos.

“Viola la ley de biocidas”, aseguró ya que la normativa habla de una comunicación mínima de 48 horas antes, y la fecha de la nota es del lunes. Es decir, en menos de 24 horas se fumigó. Hasta el cierre de esta edición no se pudo confirmar si fue sólo un intento de esquivar la cautelar vigente o si se llegó a fumigar. El abogado comentó que quizás hoy podían tener novedades.

Además, señaló que estas aplicaciones terrestres están suspendidas por dos medidas judiciales: una cautelar y la tutela anticipada.

Cuando conocieron esta información, firmado por un ingeniero agrónomo de la empresa Marpfra, Pablo Ariel Markonich; dos concejales de Roca, Gustavo Latapie y Facundo Silvestri constataron e hicieron la denuncia correspondiente en la comisaría local por “violación a la medida cautelar”.  Pidieron la intervención inmediata de la Policía y el Juzgado a cargo, sea con allanamientos o control policial al establecimiento.

“Se puso en conocimiento a Tribunal que ordenó las medidas, que mandó notificación a Mafra y al Municipio para que se expida y no autorice las fumigaciones”, indicó el abogado.

Ambos concejales hicieron la denuncia por desobediencia e incumplimiento de la medida cautelar ante la Fiscalía Nº 2 de Investigaciones de San Martín y otra, ante el Juzgado de Garantías local.

También ayer tomaron conocimiento de la resolución de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional con respecto a la apelación que había impuesto la empresa Marpfra. El mismo día que notificaron que se fumigará ilegalmente, la Cámara confirmó la medida cautelar ordenada en primera instancia, rechazando el recurso de apelación “y mantiene firme la medida”.

De hecho, la resolución notificada por la Cámara de Apelaciones, destaca: “en atención a las sensibles cuestiones que se encuentran en discusión en la presente causa, resulta imprescindible que se avance en el trámite de la cuestión de fondo, a fin de dar respuesta en lo inmediato”.

Este fuero además “apura” al Juzgado, interpelándole de forma directa a que dicte sentencia.

“Pone en evidencia aún más que a la empresa no les interesa el medio ambiente, ni la vida de las personas, ni la diversidad bilógica, ni de las aguas, ni nada”, manifestó Sánchez. En segundo lugar, señaló que demuestra que “aun teniendo una orden judicial, siguen moviéndose como quieren”.

Sin embargo, una de las cosas que más remarcó fue que “la comunidad de Roca perdió el miedo al poder económico y está luchando contra esta empresa que ni siquiera le da un puesto de trabajo”; en ese sentido aclaró: “solo uno (de la localidad) es empleado de esa tremenda empresa, que no solo contamina su ambiente, tampoco le da una fuente de trabajo”.

Aun así, expresó: “Confiamos en la Justicia por eso acudimos a ella, seguimos creyendo, la seguimos luchando procesalmente y nos volvieron a dar la razón”.

“Estamos en horas de esperar una sentencia favorable y termine de condenar. No que no fumiguen, porque esa actividad está regulada, sino que se respete. No estamos en contra de la producción, ni del empleo, o crecimiento de las empresas, sino a favor de los derechos humanos”, añadió.

Apuntó que esperan la se mantenga la suspensión hasta tanto pueda corroborarse de manera fehaciente que no habrá daños para la comunidad y el medio ambiente. “Cuando puedan dar certeza de ello, la Justicia la va habilitar”, indicó. Por último, comentó que personalmente confía en el proceso judicial y que, posteriormente a hacerse Justicia sobre este tema, hará una presentación de reparación de daños.

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