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El Gobierno definió acciones para las comunidades indígenas del Gran Resistencia

Acordaron reactivar las líneas de vivienda indígena, suspendidas durante los últimos cuatro años, junto a otras obras de infraestructura en la provincia. También dialogaron sobre retomar leyes como la de seguridad democrática, que establece la capacitación de las fuerzas policiales con perspectiva de derechos.

El gobernador, Jorge Capitanich, y la vicegobernadora, Analía Rach Quiroga, se reunieron con la titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, María Magdalena Odarda, con quien avanzaron en la implementación de políticas a mediano plazo en las comunidades indígenas del Gran Resistencia. Además, la funcionaria nacional acompañó el operativo realizado en el barrio Gran Toba para entregar asistencia del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) a las comunidades.

La asistencia del organismo nacional es resultado de un trabajo coordinado con los ministerios nacionales de Desarrollo Social y Salud, y el Ejército argentino. Los barrios asistidos fueron el Gran Toba, barrio Lavalle en la localidad de Fontana, barrio Argentina y comunidades de La Leonesa y la zona de El Impenetrable. Se trata del segundo operativo de este tipo, en el que se espera llegar a más de 600 familias con alimentos, elementos de higiene, seguridad y protección personal.

«Analizamos la situación producto del avance del COVID-19 en Resistencia y el barrio Toba y expusimos la necesidad de trabajar en conjunto políticas de mediano plazo. Buscamos retomar las líneas de vivienda indígena que estuvieron paradas durante cuatro años, junto a otras obras de infraestructura”, dijo la funcionaria.

La reunión, también fue propicia para definir un abordaje integral para la asistencia de las comunidades. La ministra de Desarrollo Social, Pía Chiacchio Cavana, y la secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez, participaron del encuentro.

Al mismo tiempo expresó que se dialogó sobre retomar las leyes como la de seguridad democrática, la que establece la capacitación de las fuerzas policiales, en miras de los hechos de violencia institucional ocurridos y donde el instituto solicitó la inmediata separación de los efectivos involucrados.

Además, la titular del INAI expresó cuáles son algunas de las metas más importantes de la gestión que conduce y remarcó el cumplimiento del convenio 169 de la OIT, el cual “debe ser cumplido por parte del estado en los distintos emprendimientos donde hay afectación de derechos indígenas”, dijo.

Odarda, hizo hincapié en el título comunitario indígena como otra deuda que data de la modificación de la Constitución Nacional de 1994. “Se ha detenido la ejecución de la ley N° 26160 de relevamiento de las comunidades indígenas y no se han entregado títulos comunitarios nacionales, creemos que con el Gobierno de Chaco podemos avanzar en estos aspectos”, aseguró.

En este sentido, la funcionaria mencionó además la creación desde el inicio de su gestión del área de mujer indígena en el INAI, debido a la necesidad de poner “sobre la mesa” los casos de violación de los derechos de las mujeres, invisibilizadas y olvidadas.

“Es importante hablar de la violación de derechos desde la perspectiva de género”, dijo la funcionaria. Al mismo tiempo conversó sobre el área de ambiente y derecho indígena que abarca la tala indiscriminada en muchas áreas del país y la contaminación de los ríos, que afecta también a la población indígena.

“Desde INAI iniciamos nuestra gestión con un compromiso fuerte para trabajar y llevar justicia a donde hace mucho tiempo no existe la justicia social, a las comunidades indígenas de Argentina”, finalizó Odarda.

Desde la aparición del primer caso positivo en el barrio Gran Toba en Resistencia, desde el estado se inició el abordaje integral, social y sanitario del barrio para evitar la propagación del virus y garantizar a los vecinos y vecinas el acceso a la salud. Un trabajo conjunto entre las distintas carteras del estado provincial y organizaciones comunitarias.

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