El 8 de marzo es una fecha que ante todo convoca a las mujeres e identidades feminizadas a reunirse, cuestionar y por sobre todo, rever sobre los derechos que faltan obtener. En el marco del reclamo salarial que se extendió en todas las movilizaciones del país este 8M, dialogamos con Natalia Rajoy, operadora de la línea 137, espacio que recepciona y guia telefónicamente las denuncias por violencia de género de toda la provincia. Rajoy, contó la experiencia personal y colectiva que se vive en el espacio y la reducción de sus funciones en la asistencia a víctimas.
Dentro del panorama general de todas las trabajadoras que se manifestaron ayer, el caso de la Línea 137 no es distinto. Su consigna para este 8M fueron dos, mejoras en las condiciones de trabajo y refuncionalizar la atención a mujeres que recurren a su atención.
Natalia Rajoy, es trabajadora social especializada en género y operadora de la línea, su tarea es atender las llamadas de mujeres que denuncian violencia y guiarlas hacía las posibles medidas deprotección. En dialogo con elDIARIO explicó cómo se vive desde adentro la atención, con un equipo mixto de 20 personas
“Nuestro primer reclamo fue que se solucione la situación de precarización que venimos arrastrando hace más de 10 años. También exigimos políticas para el cuidado de nuestra salud mental, porque estamos trabajando en condiciones indignas, infrahumanas, e inseguras. Nuestros salarios no llegan ni a cubrir la mínima, una parte de nuestros sueldos es una beca, y el resto proviene de una modalidad de contratación como proveedoras del estado, como si estuviéramos vendiéndole algo al Estado” denunció como primera instancia.
“PRECARIZAR ES OTRA FORMA DE VIOLENCIA”
Otro de los reclamos del equipo de trabajo, se centra en el cambio en la atención a victimas que se dio entre 2018 y 2019, cuando las trabajadoras de la línea se organizaron para reclamar mejores condiciones laborales y como respuesta, todo el equipo fue trasladado del Ministerio de Desarrollo Social a la Secretaria de DD. HH y Género.
“El único mejoramiento que tuvimos es otra forma de contratación directa como proveedoras del estado, lo cual es una farsa, porque sigue sin reconocernos como trabajadoras, ni siquiera con un contrato de servicio. En lugar de figurar orgánicamente como trabajadoras al servicio de los derechos de las mujeres, aparecemos como si le vendiéramos algo al Estado”.
“El clima general es de angustia e incertidumrbe, porque no sabemos cómo va a quedar nuestra situación contractual después de esta gestión. Entendemos a la precarización como otra forma de violencia. Para brindar una buena atención a las mujeres chaqueñas, la primer política pública y de genero tiene que ser con las compañeras que están en la atención ya sea presencial o telefónica”.
Antes del cambio a la Secretaria de DD HH y Genero, la Línea nucleaba a más de 50 trabajadoras entre profesionales de salud, psicólogas, abogadas y trabajadoras sociales. Por guardia, trabajaban dos equipos interdisciplinarios compuestos por una trabajadora social y una psicóloga, quienes iban a brindar asistencia, luego se hacía un informe y se elevaba a la justicia para hacer el seguimiento. Hoy, las funciones de las trabajadoras fueron todas unificadas al rol de operadoras telefónicas y sus funciones se mantienen en guiar y acompañar desde el teléfono a las víctimas.
Rajoy explicó el cambio profundo en la prestación del servicio a partir de entonces “Remarcamos que la Línea está completamente desestructurada y desfuncionalizada.
LA REINCIDENCIA DE LAS VICTIMAS
El segundo eje del reclamo es sobre sus funciones dentro de la línea, “Somos solo 20 trabajadoras, nombramos esto como una desfuncionalización y desmantelamiento.
Natiala explicó el panorama general de las mujeres que buscan ayuda en la línea “Son mujeres en situación de extrema vulnerabilidad, emocional, social y económica. Como se desfuncionalizaron los equipos porque ya no podemos realizar más trabajos en territorios, se perjudica muchísimo la calidad del servicio”.
Hay instancias de las denuncias que requieren una mirada integral e interdisciplinaria que pueda responder a esa situación y ahora no lo tenemos. “Se quitaron los aportes de las psicólogas o trabajadoras sociales, tambien de las abogadas, tenemos una sola abogada para una demanda de entre 400 y 500 llamados, que trabaja al teléfono y en seguimiento”.
La línea 137 recibe más de 450 llamadas al mes, y muchas mujeres vuelven a reincidir, “Vuelven con el agresor sobre todo por el factor monetario. La mayoría de ellas son madres que trabajan en las casas, sin posibilidad de ir a trabajar. También muchas chicas jovencitas. Entonces vuelven a ser violentadas, vuelven a llamar, volvemos a asesorar y contener al teléfono cada vez que la mujer necesita hablar y ser escuchada”, continuó.
“Nuestro trabajo es atender la denuncia, guiarla y asesorarla sobre como obtener medidas proteccionales, que dadas las características de una justicia patriarcal siempre es ineficaz, insuficiente y se ralentifica muchísimo el acceso. También se quita la presencia de la línea e instituciones claves donde hay que presionar como en las comisarías, juzgados y fiscalías”.
“Entonces para una demanda tan integra, compleja y estructural somos solo operadoras, y tenemos que resolver la situación sin tener capacitaciones, ni supervisión, sin evaluar el trabajo para repensar las prácticas y estrategias. Ahora cada operadora resuelve sola al teléfono, y eso es una gran falencia del Estado”.
